Un pelotazo urbanístico. Es lo que se destila de la sentencia que exime al Ayuntamiento de Ribaroja de devolver a la mercantil del Valencia CF los 25 millones de euros que invirtió en Riba-roja para crear -esa era la idea- una ciudad deportiva y más de 3.000 viviendas en el paraje natural de Porxinos. El jueves, una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de València, desestimó la reclamación del club para que el consistorio devolviera esa cantidad al considerar que los terrenos le han reportado a la entidad valencianista unas plusvalías de 141 millones de euros. «Si invirtió 25,1 millones y ha obtenido de las expectativas de la actuación anulada más de 141 millones en plusvalías, ningún daño o perjuicio le ha reportado», concluye la sentencia.
El PAI fue impulsado en 2004 por el Valencia C.F, la Conselleria de Ordenación del Territorio dirigida por Rafael Blasco y por el gobierno del PP en Riba-roja, con Francisco Tarazona al frente. Ayer, después de 17 años, dos crisis económicas, cinco legislaturas y una compra-venta del club, se dio un paso más en deshacer el entuerto urbanísitico que amenazó durante años este paraje. Los 25 millones que se le reclamaban fueron invertidos por el club a través de la mercantil Litoral del Este en concepto de gastos, mejoras e indemnizaciones a propietarios de los terrenos. Dicho espacio se vendió a la promotora madrileña Nozar, que entró en concurso de acreedores tras la crisis de 2008 y nunca ejecutaron las obras, ya que más tarde la Generalitat también desestimó el proyecto al no cumplir con las características técnicas.
En estos momentos, el club todavía posee 300.000 metros cuadrados de terrenos y el resto es de la Sareb. «Proponemos que el equipo done ese suelo a la propiedad pública, y que los 141 millones que han ganado en plusvalías repercutan de alguna forma en los ciudadanos», defendió el alcalde de la localidad, Robert Raga, quien recordó que el valor del terreno no supera el de 2 euros el metro cuadrado al tratarse de zona rústica y agrícola. Además, invitó al club «a no recurrir de nuevo la sentencia», que tendría que pasar de nuevo por el TSJCV y posiblemente después al Tribunal Supremo con un recurso de Casación, ya que el argumentario del último escrito judicial es contundente y afirma que el Ayuntamiento fue «diligente» en el planteamiento del PAI y su posible resolución una vez el club descartó llevar a cabo el proyecto.
«En su momento tampoco tenía sentido, pero prometían 3.000 puestos de empleo y pases gratis para ver los partidos», explicó Raga.
