La sala 9 de la Ciudad de la Justicia de València albergó ayer el litigio entre el abogado del Valencia CF, Fernando Badenes y el de Libertad VCF, Álvaro Sendra. Entre los temas más destacados y de mayor interés estuvo el préstamo de 16, 5 millones de euros que Meriton Holdings le concedió al club y que se garantizó con la prenda de los derechos pignorados de cuatro jugadores. El letrado de Libertad dio a conocer la identidad de estos futbolistas, que en principio fueron Mouctar Diakhaby, Gabriel Paulista, Geoffrey Kondogbia y Ferran Torres. Con las ventas de los dos últimos se cambió la prenda a Daniel Wass y Gonçalo Guedes.

En primer lugar, el juez llamó a declarar a Joaquín Sales Saborit, abogado del despacho que llevó este contrato de préstamo de Meriton al club. El testigo, que fue con pies de plomo durante toda la declaración alegando el respeto que debe al secreto profesional, explicó que las condiciones le vinieron dadas por el Valencia CF, que no conocía la tasación de los jugadores que actuaban como garantía del préstamo y que fue una operación que se hizo debido a la necesidad «acuciante» de liquidez de la entidad de Mestalla para hacer frente al crédito de Bankia, principal acreedor. Asimismo, expuso que la prenda podía ejecutarse en caso de que el Valencia incumpliese sus compromisos con el acreedor (Lim).

Para Libertad VCF, este préstamo plantea un conflicto de intereses al ser Lim quién presta dinero a su propia sociedad, siendo juez y parte a la hora de establecer las condiciones -devolución a corto plazo y elección de los jugadores en prenda- y también tiene unas condiciones abusivas, más beneficiosas para Lim que para el club, además de tener la intención de colocarse el primero en el orden de cobro.

La réplica del Valencia se sustenta en que las condiciones de esta financiación eran más beneficiosas para el club que si las hubieran solicitado a través de una vía externa. El abogado del Valencia, Fernando Badenes, defendió que Bankia dio luz verde a la operación y que la propia entidad financiera ofrecía una vía de financiación en peores condiciones: no se podía vender a ninguno de los jugadores pignorados y también se incluía un porcentaje de los derechos televisivos como garantía de cobro y que por esto se prefirió optar por la vía de que fuera Lim quién diese al club esa financiación. No fue el caso, por ejemplo, cuando el club recurrió a la financiera Gedesco para el pago de las nóminas en lugar de aportar el propio Lim el dinero con un tipo de interés más reducido y en unas condiciones más ventajosas.

Salarios ejecutivos

Otro de los grandes asuntos que vertebró el juicio fue la retribución del Consejo de Administración y que el abogado de Libertad VCF dio a conocer otro de los datos de mayor interés: el salario de Anil Murthy y Kim Koh durante la temporada 2019-20. Álvaro Sendra, letrado de la asociación, explicó que ambos se subieron sus emolumentos cobrando algo menos de 500.000 euros en medio ejercicio. A su vez, desglosó el salario anual de cada uno de ellos: Anil Murthy recibió una retribución de 460.000 euros fijos anuales además del pago del alquiler de su casa, un seguro médico internacional, la escolarización de sus hijos, un coche oficial y un viaje a Singapur para él y su familia. Además de una serie de variables que dicta el Consejo de Administración. En el caso de Kim Koh son algo inferiores con unos 200.000 fijos, además del pago 4.000 euros mensuales de vivienda, también el seguro médico internacional, dos viajes a Singapur y 3.000 euros mensuales de gasto de coche. «La retribución variable es opaca y oscura. Se nos dice que va en función de los resultados deportivos y se alega la clasificación para Champions y ganar la Copa, pero fue en 2019, meses antes de la firma de ambos contratos. Aquella temporada el Valencia acabó en una modesta novena posición en Liga», remató Álvaro Sendra, que también señaló un conflicto de intereses, ya que explicó que este salario lo propuso Lim y explicó que ni Murthy ni Kim tienen asignadas unas atribuciones que justifiquen estos salarios. Además de ello, expuso que para fijarse unos emolumentos, el Consejo debe atender a la situación económica del club y razonó que en aquel momento (8 millones de pérdidas en el ejercicio), no se tuvo en cuenta la delicada situación que atravesaba la entidad.

Badenes expuso que para fijar esta retribución el club se ajustó a cifras de mercado y se usó como referencia a Sevilla y Atlético de Madrid, clubes similares a nivel deportivo según la versión del abogado del Valencia CF: «El Sevilla retribuye sobre alrededor del uno por cien de la cifra de negocio y el Atlético sobre un dos, el Valencia está en el medio», expuso. Además, replicó que tanto Anil como Kim sí son Consejeros Ejecutivos y que se descarta conflicto de intereses porque ninguno de ellos dos tiene una vinculación contractual con Peter Lim, al tiempo que explicó que en la Junta los únicos representantes de Meriton fueron dos abogados. En todo caso, la línea argumental del abogado del Valencia ha ido encaminada a lograr la desestimación de la demanda alegando que solo hay un motivo por el que impugnar unas cuentas y es que «no representen fielmente la realidad del club» y lo hacen. Libertad alega que impugna las cuentas en la totalidad porque son las que recogen la partida de salario y defienden que no se podía hacer de otra forma.

Por último se litigó también sobre el aumento de acciones necesarias para acudir a las Juntas Generales. El abogado de Libertad VCF explicó que se lesiona el interés social con esta decisión y que la pretensión del Meriton es la de evitar la crítica dejando fuera al 99 por cien de los accionistas. Reseñó que acudir a través de a delegación de acciones es muy complicado para cualquier valencianista de a pie y expuso que a la última solamente pudo ir gente con poder de convocatoria: «Es más fácil ir a un Consejo del Santander o Telefónica que a una Junta del Valencia CF», escenificó. La respuesta de Fernando Badenes fue defender la regla del 1x1000 de la Ley de Sociedades de Capital para acudir a las Juntas y explicar que esta medida se implementó para fomentar una mayor participación a través de la delegación y defendió que esto dio sus frutos en la última Junta.