Valencia CF | Estadio
‘ÚvaM’ lleva al Ayuntamiento a los tribunales por el proyecto del Nou Mestalla
El colectivo valencianista interpone un recurso contencioso-administrativo ante el silencio negativo de la Administración a los informes en los que denunció «graves deficiencias»
Pascu Calabuig
La asociación valencianista úvaM ha comunicado que, como venía advirtiendo en escritos anteriores a la Administración, ha interpuesto un «recurso contencioso-administrativo por vía de hecho». Últimes vesprades a Mestalla indica que se ha visto obligada a recurrir a la justicia ante la callada por respuesta que ha recibido de manera sistemática por parte del Ayuntamiento de València durante cerca de medio año y que por ello «los pronunciamientos técnicos que el Ayuntamiento no ha emitido en vía administrativa tendrán que producirse ahora en sede judicial, y los responsables y técnicos municipales con conocimiento del expediente tendrán que manifestar no solo si los incumplimientos denunciados son ciertos, sino también justificar las razones de su silencio».
Ayer martes, úvaM explicó públicamente las razones por las que, ante el silencio negativo de la Administración valenciana en cuanto a las irregularidades que ha denunciado en relación con el proyecto del Nou Mestalla presentado por el Valencia CF, ha formalizado un recurso contencioso-administrativo. Este colectivo señaló que envío un informe al Ayuntamiento el 12 de diciembre de 2024 para advertir las «graves deficiencias jurídicas y técnicas en el supuesto ‘proyecto de ejecución’ del nuevo estadio presentado por el Valencia CF» y que posteriormente presentaron requerimientos ( el 6 de enero, 3 de febrero y 17 de abril de 2025), denunciando que todos ellos han sido ignorados.
Desde la organización no entienden el silencio institucional porque el propio Ayuntamiento remitió al Valencia CF de forma casi inmediata sus alegaciones, pero no ha mostrado «la misma diligencia» para contestarlas. Asimismo, explican que el consistorio tiene la respuesta oficial del club desde el 23 de enero y con ello «los elementos necesarios para pronunciarse sobre todos los puntos planteados», pero que no lo han hecho y que este es el motivo por el que se han visto obligados a recurrir a la justicia con un «recurso contencioso-administrativo por vía de hecho».
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