Denuncian al ayuntamiento por ocultar reuniones clave de Marí Olano sobre el futuro del Valencia CF
La reunión, no incluida en la agenda pública, habría servido para negociar un convenio urbanístico valorado en 200 millones de euros, según ha denunciado Miguel Zorío ante el Consejo Valenciano de Transparencia

Obras en Nou Mestalla / Levante-EMV
Redacción Levante-EMV
Una denuncia presentada ante el Consejo Valenciano de Transparencia acusa al Ayuntamiento de Valencia de incumplir la normativa de transparencia al no publicar reuniones relevantes relacionadas con un convenio urbanístico aprobado para el Valencia CF.
El escrito, firmado por Miguel Zorío Pellicer, señala directamente al concejal Marí Olano, titular de Grandes Proyectos, por no incluir en su agenda pública un encuentro mantenido el 13 de septiembre de 2023 en Madrid con el abogado Germán Cabrera, secretario del consejo de administración del Valencia CF SAD.
Según la denuncia, dicha reunión abordó el futuro convenio urbanístico entre el consistorio y la propiedad del club, controlada por la empresa Meriton, de Peter Lim. Zorío sostiene que este tipo de encuentros deben hacerse públicos conforme a la legislación autonómica de transparencia y al reglamento municipal de Gobierno Abierto, que obliga a publicar las agendas institucionales de los cargos públicos.
El documento presentado ante el Consejo Valenciano de Transparencia critica también que el concejal no solo omitiera la reunión en el portal oficial, sino que además evitara identificar a su interlocutor en una entrevista posterior, pese a reconocer el encuentro. Según Zorío, esta conducta podría suponer un “grave incumplimiento” de las obligaciones de publicidad activa.
Asimismo, la denuncia apunta a la posible irregularidad de mantener conversaciones con representantes vinculados al promotor del convenio urbanístico, algo que estaría expresamente prohibido y podría implicar beneficios económicos significativos, estimados en unos 200 millones de euros.
El Consejo Valenciano de Transparencia deberá ahora analizar los hechos y determinar si el Ayuntamiento ha vulnerado la Ley 1/2022 de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunitat Valenciana, que obliga a las administraciones públicas a garantizar el acceso a la información y la rendición de cuentas.
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