J. V. G., Valencia
Los técnicos del servicio de disciplina urbanística del Ayuntamiento de Valencia ratificaron ayer el informe de los bomberos y declararon en ruina inminente las dos fincas incendiadas recientemente frente al Colegio Público Santa Teresa, en el barrio del Carmen. La declaración implica tanto el desalojo de los moradores de los inmuebles, en su mayoría inmigrantes en situación irregular y de origen rumano, como el derribo de los edificios. En cuanto se produzca la notificación oficial [prevista para la tarde de ayer o el día de hoy, explicó el concejal de Seguridad Ciudadana, Miguel Domínguez], los dueños tendrán un plazo de tres días para demolerlos o, de lo contrario, será el propio consistorio quien lo haga.
Los inmuebles están situados en los números 158 de la calle Guillem de Castro y 21 de la calle Llíria, en la manzana triangular descrita por ambas vías y la calle de Na Jordana. La modificación del Plan Especial de Protección y Reforma Interior del barrio del Carmen -conocida popularmente como «plan de la muralla»- destina la parcela a la construcción de viviendas, equipamientos públicos y una plaza ajardinada. El plan está en manos de la Conselleria de Territorio y Vivienda desde enero de 2003, pero aún no ha empezado a desarrollarse al no haber recibido el visto bueno del departamento que dirige Rafael Blasco. En estos dos años, los edificios, en ruinas, sin agua ni luz, han estado ocupados ilegalmente y el solar al que recaen se ha convertido en un foco de insalubridad debido a la acumulación de la basura.
Tanto la dirección del colegio Santa Teresa como la Asociación de Madres y Padres de Alumnos habían solicitado reiteradamente al consistorio que limpiara el solar para evitar los riesgos derivados de la falta de higiene, pero la inspección que ha declarado el estado de ruina no se produjo hasta ayer, tras el último incendio producido en el inmueble de la calle Llíria, a pesar de que hace tres semanas se produjo otro similar en el de Guillem de Castro.
El concejal de Seguridad Ciudadana, Miguel Domínguez, anunció ayer que hasta que se ejecuten los derribos el consistorio destinará a la zona varios agentes de la Policía Local para evitar que los ocupantes del edificio sigan entrando en los inmuebles puesto que los candados instalados hasta la fecha no han sido suficientes para evitar la entrada de los indigentes.
