Laura Ballester, Valencia

Las viviendas de protección oficial (VPO) para realojar a los expropiados por la zona de actividades logísticas (ZAL) se adjudicarán entre los afectados mediante un sorteo que, a día de hoy, aún no tiene fecha concreta. En breve, el Instituto Valenciano de la Vivienda (Ivvsa) se reunirá con los afectados para informarles sobre los plazos y el proceso de adjudicación que, a día de hoy, aún no parece próximo a resolverse.

De una parte, aún no se ha resuelto el problema de la propiedad del suelo donde están construidas las VPO. Como ya informó Levante-EMV, estos terrenos aún son propiedad de la Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento del Suelo (Sepes) quien ha de vender al Ivvsa las cinco hectáreas que se han utilizado para construir las viviendas.

Pero para este trámite es necesario, con carácter previo, «la obtención de la licencia de segregación de las fincas afectadas y, posteriormente la aprobación del proyecto de reparcelación». La licencia de segregación fue solicitada por el Sepes «el pasado 19 de abril al Ayuntamiento de Valencia». La situación aún no ha cambiado.

Además, de las 76 VPO que empezaron a construirse durante el mes de abril de 2004, dos años después de iniciarse las obras de la ZAL y los desalojos, sólo se han podido construir 66.

Las diez que restan no se han podido edificar, porque Iberdrola debe primero soterrar las torres de alta tensión a su paso por la zona. La compañía eléctrica acaba de recibir la autorización por parte de la Conselleria de Infraestructuras para soterrar las torres más próximas a las VPO de la línea de 132 kV que va desde la Font de Sant Lluís a la subestación de La Punta.

El plazo de ejecución de estas obras será de 60 días, contados a partir de la comunicación de la resolución, firmada por la Conselleria de Infraestructuras el 6 de septiembre. No obstante, Iberdrola puede solicitar una ampliación del periodo de ejecución de las obras, mediante solicitud motivada ante la Dirección General de Energía.

La longitud de la línea soterrada es de 1.153 metros y llevará en toda su longitud un cable de comunicaciones por fibra óptica. Además, otros dos tramos, de 151 y 136 metros serán línea aérea subterránea. El presupuesto de las obras, que costea Iberdrola, asciende a poco más de 3,1 millones de euros.