Con una de las pocas competencias que no ha transferido a las comunidades autónomas, la de determinar si existe expolio en actuaciones sobre bienes declarados patrimonio histórico, el Ministerio de Cultura ordenó ayer la paralización de los trabajos del plan urbanístico municipal en el barrio del Cabanyal y la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez hasta el paseo marítimo a través del antiguo barrio de pescadores.
En poco más de seis meses de análisis y estudios, y por petición expresa del Tribunal Supremo en una sentencia del 25 de mayo pasado, Cultura ha resuelto emitir "una Orden donde declara como acto de expolio del patrimonio histórico" las actuaciones derivadas del plan urbanístico para Cabanyal-Canyamelar "que se han llevado a cabo y se proyectan realizar en el conjunto histórico del barrio, que está declarado Bien de Interés Cultural.
Según la información facilitada ayer tarde por el Ministerio de Cultura, éste tiene la competencia exclusiva en la defensa del patrimonio histórico español contra la expoliación y en aplicación de esa prerrogativa ordena "la suspensión inmediata de la ejecución del Plan hasta que no se adapte y garantice los valores histórico-artísticos del barrio".
Para la emisión de la orden de suspensión del plan, el Ministerio se ha apoyado en informes técnicos entre los que destaca los presentados por el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos, la Real Academia de la Historia y el Museo Nacional de Cerámica "González Martí" de Valencia, algunos de los cuáles ya habían emitido dictámenes contrarios al plan en momentos anteriores del largo proceso judicial del plan. Entre estos informes de rechazo estuvo también, según subraya el Ministerio, el de la Inspección de Patrimonio Histórico de la Dirección Territorial de Cultura de la Generalitat, que ya con gobierno del PP, el mismo partido que impulsa el plan en el ayuntamiento, expresó su posición contraria en el año 2000.
La orden de suspensión emitida por Cultura ayer, lejos de poner fin al pleito, lo alargará. La disposición del ministerio puede ser recurrida ante la sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional. Previsiblemente, el Ayuntamiento de Valencia que preside Rita Barberá tomará este camino, ya que ni siquiera consideraba que lo que pudiera determinar el ministerio fuese vinculante.
En las organizaciones que se oponen al plan y a la prolongación de Blasco Ibáñez se confiaba en la orden de suspensión del ministerio. De hecho, Salvem el Cabanyal había decidido ya en asamblea reconvertirse en asociación de afectados para obtener la mejor valoración de sus propiedades ante los derribos hasta que el Supremo, en mayo de 2009, emplazó al Ministerio a pronunciarse sobre si había expolio. Esa sentencia dio renovados bríos a la coordinadora, que ahora tiene más motivos para la esperanza.
En cuanto a la marcha del plan, el ayuntamiento tenía previsto completar entre enero y febrero los derribos de fincas para completar el bulevar de San Pedro, perpendicular a Blasco Ibáñez y primera actuación global al margen de las demoliciones aisladas.
