El primer teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Valencia y concejal de Grandes Proyectos, Alfonso Grau, aseguró hoy que el equipo municipal de gobierno seguirá adelante con el Plan Especial de Reforma Interior (PEPRI) de El Cabanyal-Canyamelar aunque tenga que "llevar a los tribunales todas las licencias de derribo" necesarias para prolongar la Avenida Blasco Ibáñez hasta el mar.
Grau se pronunció en estos términos, en una rueda de prensa, en relación a la decisión adoptada ayer por el juzgado de lo contencioso-administrativo número 4 de Valencia, que estimó, de manera cautelarísima, la suspensión de la ejecución de las licencias de derribo de seis inmuebles del barrio, tal como se solicitaba en un recurso presentado por el grupo municipal socialista en el consistorio.
En este sentido, el concejal 'popular' consideró que la decisión de este juzgado es "normal", ya que el recurso de los socialistas advierte de una "amenaza grave de expolio". Así, destacó que el equipo de gobierno municipal "acatará" lo que diga el juez pasado mañana --cuando ha citado a las dos partes--, aunque señaló que seguirá adelante con el plan y los derribos.
"No vamos a parar absolutamente nada ni a dar marcha atrás, porque nos asiste la razón, la justicia, y el respaldo de la gente. Vamos a continuar cueste lo que cueste y si tenemos que ir recurso por recurso con cada licencia de derribo, lo volveremos hacer", resaltó el primer teniente de alcalde.
Asimismo, Alfonso Grau señaló que el PSPV, "en una especie de huida adelante sin excesivo sentido, ya no sólo miente a los ciudadanos, sino que miente también al juez" y dijo que así sucede en el escrito presentado por el grupo municipal socialista para recurrir los acuerdos de la Junta de Gobierno del 15 de diciembre sobre la licencia de derribo de cuatro inmuebles en las calles San Pedro y Luis Despuig de El Cabanyal.
El recurso socialista apunta que se trata de domicilios "ubicados en el conjunto histórico protegido del barrio Cabanyal-Canyamelar, que tiene la calificación de Bien de Relevancia Local (BRL)". Sin embargo, el primer teniente de alcalde aseveró que "todo el mundo sabe que el decreto por el que se protegió el barrio en su momento afecta a seis vías, desde la calle Escalante".
Así, argumentó que "la calle Luis Despuig y la calle San Pedro están cinco o seis calles más hacia dentro", por lo que estos inmuebles "jamás fueron ni BIC ni BRL", afirmó. De este modo, acusó al PSPV de "mentir descaradamente a la administración" y de "tratar de confundir entre BIC y BRL".
El edil explicó, además, que los inmuebles recurridos "no se iban a derribar, ni hoy, ni mañana, ni pasado mañana", sino cuando se tramiten las actas de ocupación en febrero". Por tanto, "no hacía falta la medida cautelarísima", señaló, al tiempo que añadió que dos de estas construcciones son edificios de "cierta altura", y que en total, únicamente tres pisos no son propiedad pública.
"Defensa de intereses particulares"
Para Grau, al PSPV "le importa un bledo la protección del conjunto histórico de El Cabanyal" y consideró que lo que esta formación "está defendiendo" son "los intereses particulares de unos señores, en concreto en el bulevar San Pedro". El edil del PP argumentó que "otra explicación no tiene que, en su afán, lleguen a mentir a la Justicia con tal de parar unas obras absolutamente legales y legítimas propuestas por quienes las tienen que tomar, con sus competencias".
De este modo, instó a los socialista a explicar "qué están defendiendo en el bulevar San Pedro" y a tener "el valor, la gallardía, la vergüenza de decirlo". Asimismo, criticó que intentan "entorpecer el progreso y avance por la defensa de intereses mezquinos que no responden al bien general", apuntó.
A su juicio, "lo único que pretende el PSPV es desgastar y ganar tiempo" para ganar las elecciones. Del mismo modo, señaló a la portavoz municipal del grupo socialista, Carmen Alborch, que "quienes no respetan el Estado de Derecho ni la Justicia es ella y sus compañeros".
Grau explicó que el equipo de gobierno municipal "respeta escrupulosamente" las decisiones judiciales, desde que se aprobó el PEPRI, mientras que los socialistas "pretenden que la orden de un Ministerio de Cultura --en alusión a la orden que estima que hay expolio con el desarrollo del PEPRI y ordena su paralización--, que se excede siete pueblos invadiendo competencias que no le corresponden, tenga más rango que una ley de las Corts Valencianes".
"No hay precedentes"
En relación a las críticas de la portavoz socialista sobre que el PP intenta identificar la polémica de El Cabanyal con una agresión a las instituciones valencianas, Grau subrayó que "no lo está intentando, no hay más que verlo". Al respecto, se preguntó "si el Gobierno se hubiera atrevido a firmar una resolución así en Cataluña, el País Vasco o Andalucía", a lo que respondió que no y dijo que la prueba es que "no hay precedentes".
El teniente de alcalde subrayó que las iniciativas del equipo de Gobierno están "respaldadas" por los votantes del barrio valenciano, que apoyaron al PP en los últimos comicios con un 53 por ciento de los votos.
Preguntado por si el hecho de que haya que recurrir a expropiaciones se debe a que los vecinos no apoyan el PEPRI, apuntó que el 61 por ciento de las unidades de la zona son de propiedad pública "compradas a través de una libre negociación", pero, "a lo mejor, el 39 por ciento restante se pasan de listos", afirmó Grau.
