Nuevo freno en los juzgados al plan especial del Cabanyal. El magistrado del juzgado número 4 de lo contencioso-administrativo de Valencia suspendió cautelarmente ayer seis licencias municipales de derribo en el Conjunto Histórico del Cabanyal. El auto de paralización se dictó "sin oir a la parte contraria" pocas horas después de que el grupo municipal socialista interpusiera un recurso contencioso contra las licencias de derribo de los edificios ubicados en los números 27, 29, 31 y 61 de la calle San Pedro y en el 16 y 18 de la calle Luis Despuig. El juez entiende que concurren las circunstancias de "especial urgencia" que apunta el PSPV y cita a las partes a comparecer el próximo 21 de enero para ratificar o no la suspensión.
El PSPV advierte que la alcaldesa ha anunciado en distintos medios de manera "contumaz" su "firme propósito" de continuar adelante con los derribos pese a la orden de paralización decretada por el Ministerio de Cultura.
Los jueces ya dictaminaron el pasado mes julio la paralización -primero provisional y luego definitiva- de dos derribos, en esta ocasión, en el área declarada Bien de Interés Cultural a instancias del PSPV.
Las resoluciones de derribo impugnadas fueron aprobadas por la junta de gobierno del Ayuntamiento de Valencia el 15 de diciembre. El 29 del mismo mes, el Ministerio de Cultura ordenó, a instancias del Tribunal Supremo, la paralización del plan especial del Cabanyal y de la prolongación de Blasco Ibáñez al entender que constituye expolio del patrimonio, una competencia que la ley reserva en exclusiva al Estado. La orden ministerial suspende el plan especial en todo el conjunto histórico y conmina al ayuntamiento a adaptarlo para garantizar la protección efectiva del antiguo y degradado barrio de pescadores.
Salvem el Cabanyal ha anunciado su intención de recurrir todas las licencias de derribo al amparo de la orden ministerial.
El recurso del PSPV pone en entredicho el decreto ley del Consell que desactiva el BIC del Cabanyal y blinda el plan especial. Aduce que es inconstitucional porque pretende "eludir un pronunciamiento judicial con una disposición normativa". Lo único "verdaderamente vigente" es el BIC y no su "esperpéntica derogación" promovida por el Consell. El decreto ley del Cabanyal inició la semana pasada su tramitación como proyecto de ley.
El recurso solicita la suspensión inmediata de la ejecución de las resoluciones al haberse dictado la concesión de licencia de derribo sin mediar autorización previa de la Conselleria de Cultura y sin que exista un proyecto de edificación sustitutoria como marca la Ley de Patrimonio.
Recurso de inconstitucionalidad
El gobierno local quitó importancia a la orden de paralización y dijo que "no pone en cuestión" el plan del Cabanyal-Canyamelar. La alcaldesa, por su parte, acusó a los socialistas de estar instalados "en el error, en la mentira y en la falsedad" respecto al barrio del Cabanyal. Reiteró que fue el PSPV cuando gobierno quien fijó en el PGOU como irrenunciable la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez.
La portavoz del PSPV, Carmen Alborch, lo negó y criticó la "manipulación" del PP. "Un alcalde socialista jamás habría llevado a cabo un plan así, por mucho que estuviera preproyectado, si hubiese habido una contestación social y unos argumentos tan racionales como los que hay en la actualidad".
Alborch afirmó ayer que el empeño de Rita Barberá de continuar con los derribos "supone una temeridad". Existiendo la orden ministerial, "debería actuar con cautela y prudencia, y no como un agente demoledor, respetando el Estado de Derecho que tanto invoca pero que a la hora de la verdad no respeta".
Lo más prudente, según Alborch, es que se suspendan las actuaciones hasta que se resuelva el conflicto de competencias. Como se ha publicado, el Gobierno va a presentar un recurso de inconstitucional contra el decreto ley del Cabanyal.
El nuevo secretario general del PSPV en Valencia, Salvador Broseta, entró ayer en la bronca política por el plan del Cabanyal. Broseta, que asistió a la reunión de la Comisión Ejecutiva Municipal en la sede socialista del Cabanyal, aplaudió en un comunicado la decisión del juzgado de suspender los derribos de seis inmuebles del Cabanyal.
El líder de los socialistas dijo que la situación en la que se encuentra el barrio "es una muestra del desprecio que siente la alcaldesa por el patrimonio de nuestra ciudad". Broseta manifestó esta preocupación por la "conservación y protección de todos los bienes de interés cultural que conforman la identidad de Valencia" .
El líder de los socialistas de la ciudad se comprometió a "defender la rehabilitación" de este barrio marinero pero, también, "de todos los barrios de la ciudad que viven bajo la amenaza de que a la alcaldesa de Valencia se le ocurra intervenir en ellos", ironizó. Recordó que Barberá "se encontraba entre quienes quienes querían construir en el cauce del Turia una autopista". Están en conflicto "la necesidad de decidir entre la especulación o la conservación del legado histórico-cultural", dijo Broseta.
