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El Gobierno ha cumplido su advertencia y ayer el Consejo de Ministros acordó solicitar al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto ley 1/2010 del Consell que blinda el plan especial de reforma del Cabanyal. El decreto permite el derribo de 1.600 casas del barrio declarado Bien de Interés Cultura y fue una reacción del Consell a la orden del Ministerio de Cultura de 29 de diciembre que paralizó el plan especial y la prolongación de Blasco Ibáñez. El Gobierno solicitará además la suspensión de los derribos y las obras en el barrio.
El acuerdo de impugnación del decreto ley se esperaba desde hace días pero se ha hecho esperar hasta tener el dictamen del Consejo de Estado. Aunque los informes de este órgano consultivo formado por juristas de reconocido prestigio no son vinculantes, el Gobierno ha buscado su respaldo para dar fuerza al recurso. La comisión permanente del consejo, que preside Francisco Rubio Llorens, ex magistrado del Tribunal Constitucional, terminó de redactar el dictamen en la sesión del pasado jueves, 28 de enero. Ayer, tras el consejo de ministros, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, confirmó el recurso.
No hay urgencia 9 años después
El dictamen de la comisión permanente del Consejo de Estado es un correctivo en toda regla a la Generalitat. Da la razón al Gobierno y afirma que existen "fundamentos jurídicos suficientes" para interponer un recurso de inconstitucionalidad. Es intuible, dice el consejo en su extenso informe de 22 folios, una motivación desviada en la actuación de la Generalitat que ha pretendido zanjar con un decreto ley la controversia sobre el plan urbanístico en vez de recurrir a cauces "normales" como el contencioso-administrativo. El dictamen es concluyente y estima que "el decreto carece del presupuesto habilitante para su aprobación, cual es la existencia de una extraordinaria y urgente necesidad". Recuerdan los consejeros que el Pepri del Cabanyal se aprobó en 2001 "por lo que no puede apreciarse la existencia perentoria de una urgente necesidad nueve años después".
El órgano consultivo considera que el decreto "vulnera la competencia del Estado en materia de protección del patrimonio histórico, especialmente, en lo referente a su protección contra el expolio". En relación a cuál es la norma que prevalece, el consejo determina que la relación entre ambas disposiciones "no está regida por el principio de jerarquía sino por el de competencia". Añade que la la orden ministerial que paraliza el plan "ha sido dictada en el ejercicio de una competencia exclusiva del Estado para declarar el expolio que no puede ser obviada por una norma de una comunidad autonómica aunque tenga rango de ley".
El dictamen abunda en que el decreto ley cuestionado se configura como una ley singular y retroactiva y se ha dictado ignorando las exigencias propias de los principios de seguridad jurídica, interdicción de la arbitrariedad, proporción y colaboración.
El consejo recuerda a la Generalitat que la ley de Patrimonio Cultural Valenciano, prevé en su artículo 30.1 que "la declaración de un Bien de Interés Cultural solo podrá dejarse sin efecto en virtud de un decreto del Gobierno Valenciano previa tramitación de expediente (...) con los mismos requisitos y garantías exigidos para la declaración". La descatalogación de facto del BIC que supone el decreto se salta dichos trámites.
El delegado del Gobierno, Ricardo Peralta, dijo que el dictamen es una "respuesta meditada y seria". Apuntó que la presentación del recurso una vez que Zapatero estampe su firma en el recurso es "cuestión de días".
La plataforma Salvem el Cabanyal, contraria a la prolongación de Blasco Ibáñez, reclamó al ayuntamiento y a la Generalitat "que procedan a la suspensión de todas las actuaciones administrativas relacionadas con el plan". Los vecinos han convocado para mañana una manifestación en defensa de la rehabilitación del barrio.
Las reacciones al recurso no se hicieron esperar. La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, dijo que la actitud del Gobierno central respecto al Cabanyal es "claramente de injerencia, invasión y abuso de poder; de uso de la enorme fuerza de la Administración contra nosotros. "Es una situación de David contra Goliat", dijo Barberá.
La portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de Valencia, Carmen Alborch, aplaudió la decisión del Gobierno y destacó que el siguiente paso debería ser la redacción de un nuevo plan especial del Cabanyal sin derribos.
El portavoz del PP en las Corts, Rafael Blasco, afirmó que el recurso contra el decreto ley es "el mayor ataque a los valencianos desde que Felipe V abolió Los Fueros". El vicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla, advirtió que el Consell, que ha convocado un pleno extraordinario para hoy, utilizará "todos los medios jurídicos" a su disposición para defender sus "legítimas" competencias sobre el Cabanyal. El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Juan Cotino, declaró que "no podemos seguir aguantando a un Gobierno que actúa atacando directamente a la Comunitat".
