El Consell Valencià de Cultura (CVC) ha lamentado la decisión del Ayuntamiento de Valencia de recortar la seguridad de los monumentos y museos que tienen bajo su responsabilidad y ha pedido la instalación de sistemas de seguridad más eficaces. Muchos de los actuales - dice- son como los de hace dos siglos.
El pronunciamiento del CVC se produce después de conocerse el nuevo pliego de condiciones para la contratación de la seguridad en los museos y monumentos de Valencia. Según ese pliego, los museos de Ciencias Naturales y de Historia pasan de tener vigilancia privada todo el día a tenerla sólo por la coche, mientras que dos monumentos emblemáticos de la ciudad, como la Lonja y Las Atarazanas, se quedan sin vigilancia alguna. En la actualidad, la tienen mientras están abiertos al público.
Para el presidente del Consell Valencià de Cultura, Santiago Grisolía, "el recorte del servicio de vigilancia en los museos y monumentos pondrá en peligro el alto valor patrimonial de estos espacios, que serán expuestos desgraciadamente a la proliferación de actos vandálicos".
Medidas más baratas
Consciente del momento económico de las administraciones públicas, Grisolía aboga por "una protección menos costosa y más eficaz, sin que ello conlleve la desaparición de personal de vigilancia y contribuya a garantizar la conservación del patrimonio cultural de la ciudad". Insta, pues, a las administraciones a revisar y actualizar los sistemas de vigilancia de todos los museos y monumentos.
"No es deseable -precisa- mantener sistemas de seguridad como hace más de dos siglos e ignorar los nuevos sistemas, más eficaces y que, además, evitan o minimizan efectos negativos inconscientes, como señalar muy de cerca y en ocasiones tocar las obras de arte custodiadas en un ambiente, en teoría, más protector".
Grisolía recuerda, finalmente, que el Consell Valencià de Cultura ya hizo un informe en el año 2005 en el que pedía una mayor protección de los monumentos de Valencia.
En aquel informe se recuerda que la Constitución Española así como la Ley de Patrimonio Histórico de 1985 obligan a los poderes públicos a proteger el patrimonio y mantenerlo a salvo de expolios, entendiendo por expolio "toda acción u omisión que ponga en peligro de destrucción o de pérdida todos o algunos de los valores de los bienes que forman el patrimonio histórico español o perturben el cumplimiento de su función social".
Recordaba, así mismo, que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado tienen responsabilidades en este sentido, incluidas las hipotéticas policías autonómicas o las policías locales.
A pesar de todo, "la realidad -decía el CVC- es que una gran parte de los inmuebles con valor patrimonial no cuentan con vigilancia, ni directa ni por medio de mecanismos de alarma para el caso de incendios o para la prevención de robos".
Proponía, por tanto, crear una unidad especializada dentro de la Policía Autonómica; elaborar un plan de seguridad de los bienes protegidos y asegurarse de la dotación de medios humanos y electrónicos para prevenir agresiones e incidentes.
