Los grupos popular y socialista del Ayuntamiento de Valencia decidieron ayer pedir a los técnicos municipales un informe sobre los "servicios impropios", es decir, los servicios que hace el ayuntamiento siendo competencia del Gobierno central o de la Generalitat Valenciana, para luego reclamar ese dinero a la administración competente en cada caso.

El acuerdo se produjo (pocas veces ocurre) en el pleno celebrado ayer por la corporación municipal y a instancias del concejal socialista Juan Ferrer. En la presentación de su moción, Ferrer explicó que el Ayuntamiento destina alrededor del 38% de su gasto corriente a la ejecución de servicios y trabajos que no le corresponden. Si se recuperara ese dinero, dijo, podrían pagarse las inversiones municipales sin necesidad de recurrir al crédito, que es lo que se hace ahora y que tendrán que dejar de hacerlo a partir del 1 de enero del año que viene en virtud de la prohibición del Gobierno de solicitar nuevos prestamos desde las corporaciones locales.

Para hacer esta labor, el concejal propuso en su moción la creación de una comisión informativa especial compuesta por representantes políticos y destinada a enumerar esos servicios impropios y determinar el coste de cada uno.

El encargo para los técnicos

En su respuesta, el primer teniente de alcalde y portavoz del PP, Alfonso Grau, se mostró de acuerdo con la idea de Ferrer, pero aseguró que no es misión de los políticos estudiar esas competencias y esos gastos, por lo que propuso que el informe lo elaboren los técnicos municipales y posteriormente se presente el documento en la Comisión de Hacienda para su convalidación por los grupos políticos. "Y si son servicios del Gobierno bien y si son de la Generalitat lo mismo", dijo.

De todas formas, Grau aprovechó la ocasión para recordar a los socialistas que estos problemas no existirían si la Administración Central hubiera resuelto la financiación de las corporaciones locales cuando abordó el problema de la financiación autonómica.

Ferrer agotó su segunda intervención sólo para precisar que las competencias ya se saben, pues están explicitadas en la Ley de Régimen Local. A su juicio, lo más importante es delimitar el importe de cada una de esas competencias, un trabajo que perfectamente pueden hacer los técnicos, admitió.

Al final, la iniciativa se aprobó por unanimidad de los grupos y serán los servicios municipales quienes hagan ese informe.