El Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat han reclamado al Gobierno que cambie el interlocutor en el Consorcio Valencia 2007 porque "está impidiendo" la explotación de la dársena que genere el retorno económico necesario para devolver el crédito del ICO suscrito para la 32 Copa del América.

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y el vicepresidente segundo de la Generalitat, Gerardo Camps, en una rueda de prensa conjunta, han puesto de manifiesto "su preocupación" por el futuro de la dársena.

"El Gobierno está impidiendo el desarrollo, el futuro, el aprovechamiento, la explotación y el dinamismo económico de la dársena, está impidiendo que Valencia tenga la mejor marina urbana del Mediterráneo", ha denunciado Barberá.

La alcaldesa ha recriminado que el interlocutor del Gobierno en el Consorcio, el jefe del gabinete del Ministerio de Economía, Luis Díez, "ni siquiera coge el teléfono" y las únicas noticias suyas son para reclamar al Ayuntamiento y a la Generalitat el pago de 8 millones de un vencimiento del crédito del ICO.

"Desde 14 de febrero que terminó la 33 Copa América he tratado de estar en contacto con Luis Díez y ha sido imposible", ha explicado Barberá, quien ha acusado a la ministra de Economía, Elena Salgado, de "haberle dado órdenes" y de ser la responsable de la situación.

Por este motivo, Barberá ha reclamado que "se haga cargo del desarrollo de la dársena el Ministerio de Fomento -en vez del de Economía-" e incluso ha apuntado la posibilidad de que "deleguen en el delegado del Gobierno" en la Comunitat, Ricardo Peralta.

Barberá y Camps han puesto de manifiesto que, según el protocolo firmado para la creación del Consorcio en octubre de 2004, "la devolución del préstamo ICO, si no hay retorno de la explotación de la Marina corresponde al Gobierno", a través de asignaciones de los Presupuestos Generales del Estado.

Gerardo Camps ha acusado al Ejecutivo central de "querer engañar" al reclamar a las Administraciones local y autonómica el pago de esa deuda "que corresponde al Gobierno", tal y como dicta el protocolo.

Barberá ha señalado que hasta ahora tenía consignados los 8 millones que tenía que pagar pero que tras "la evidencia de que el Gobierno no quiere hablar", los va a destinar a otras partidas.

Ha agregado que, a pesar de la situación, han avanzado trabajos e ideas para la futura explotación y ha apuntado que tienen en fase de información sendos convenios con la Autoridad Portuaria para la cesión gratuita de terrenos portuarios a la ciudad y para la concesión al Consorcio de la gestión de otros bienes de dominio portuario.

"La idea fundamental es que la dársena sea una marina deportiva en la que además se celebren otros acontecimientos" y no al revés, ha destacado Barberá, quien, entre otros criterios, ha fijado que tiene que poder acoger a una flota variada, debe ser polivalente, sostenible con el medio ambiente y económicamente, así como "moderna, activa y segura".

Lo más inmediato, según ha explicado, para atender a embarcaciones de hasta 20 metros, sería un área comercial y de restauración, lavandería, tiendas especializadas y de alquiler vehículos, y para las grandes embarcaciones será necesario un varadero y un helipuerto.

El vicepresidente ha puesto de manifiesto que la dársena del puerto es la "única infraestructura de un gran acontecimiento que tiene un préstamo ICO", porque el resto han sido financiadas con aportaciones de los Presupuestos Generales del Estado.

"Si es cuestión de interlocutores, que nombren otro ministro", ha apuntado Camps.