28 de octubre de 2010
28.10.2010

Barberá y Camps abren otro frente contra Zapatero por la explotación de la dársena

La alcaldesa pide a Blanco o a Peralta como interlocutores y un cambio en la dirección del Consorcio Valencia 2007
Ayuntamiento y Generalitat esbozan un plan de usos con tiendas, un centro de negocios, un varadero y servicios para los yates

28.10.2010 | 02:00

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y el vicepresidente económico de la Generalitat, Gerardo Camps, esbozaron ayer un plan de usos para reflotar y sacar rendimiento a la dársena interior del puerto, tres años después de la celebración de la 32º Copa del América. El borrador del plan de explotación, denominado "Marina Real Juan Carlos I. Horizonte 2011", contempla la creación de una marina "activa", "sostenible", "polivalente" y "muy bien comunicada" con la ciudad.
La dársena será un nuevo barrio de Valencia con espacios de uso ciudadano y con todos los servicios para embarcaciones de entre 20 y 200 metros de eslora. Las infraestructuras más inmediatas son: una zona de tiendas y restaurantes, un centro de negocios, una lavandería, una oficina de información turística, el emplazamiento de empresas de alquiler de embarcaciones de recreo y de vehículos, un varadero para megayates y un helipuerto. La construcción y explotación de estas infraestructuras se sacará a concurso, pero antes es necesario (por el propio reparto de fuerzas políticas en el Consorcio Valencia 2007) un acuerdo entre las tres administraciones (de distinto color político). Y aquí viene el problema.
Barberá y Camps, presidenta y vicepresidente del Consorcio, acusaron ayer al Ejecutivo de no sentarse a negociar los planes de explotación de los edificios de la Copa del América de los que debe de salir el dinero para devolver el crédito del ICO con el que se construyeron dichas infraestructuras.
Rita Barberá explicó que lleva ocho meses intentando contactar con el jefe de gabinete de la vicepresidenta económica, Elena Salgado, para hablar de la explotación de la marina y la devolución del crédito. Luis Díez no se pone al teléfono. La última comunicación con el hombre de confianza de Salgado fue una carta que remitió en julio a Camps para exigirle el primer pago del préstamo, que asciende a 8 millones de euros.
Ni la Generalitat ni el ayuntamiento están dispuestos a pagar y recuerdan que el avalista es el Gobierno.
Para enredar más el futuro de la dársena (en la que se han invertido 350 millones de euros), las administraciones valencianas se enfrentan con la Central por los gastos domésticos del Consorcio. Barberá anunció ayer que dispondrá de los 8 millones de euros que tenía "apartados" para pagar nóminas y gasto corriente del consorcio ante la negativa del Gobierno a sentarse a negociar. La Generalitat, por su parte, exige que en las aportaciones se computen los 31 millones que dice que se ha gastado para mejorar la dársena con motivo de la F1.
Otro punto de desencuentro es el doble acuerdo de cesión de la dársena interior (de momento, propiedad del puerto de Valencia). Al Gobierno, dijo Barberá, "no le gusta" la fórmula de que el puerto ceda a la ciudad la dársena y el ayuntamiento, a su vez, deposite los derechos en el Consorcio.
Ante los fallos de comunicación, la alcaldesa planteó un cambio de interlocutor. Mostró su preferencia por el ministro de Fomento, José Blanco, o "si no puede ser, por el delegado del Gobierno", Ricardo Peralta. La alcaldesa no contempla disolver el consorcio y crear una figura de gestión más eficaz, como la sociedad mixta. Sí defendió un cambio en la dirección del Consorcio, cargo que ocupa Jorge Gisbert.
A pocos meses de las elecciones autonómicas y municipales, la alcaldesa quiso dejar claro a los valencianos que "quien impide que tengan la mejor marina del mundo es el Gobierno". Una actitud que, dijo, se juzgará en las urnas, y en este sentido animó a los valencianos a "darles una lección".

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