El concejal de Urbanismo, Jorge Bellver, fue el centro de todas las miradas en el pleno del Ayuntamiento de Valencia celebrado ayer. Era la primera vez que comparecía en público después de que el Juzgado de Instrucción número 1 de Valencia decidiera abrir juicio oral contra él por un presunto delito de prevaricación cometido al no pedir informe de Patrimonio antes de autorizar un aparcamiento junto al Jardín de Monforte. Y no rehuyó a la prensa. "Estoy dolido, pero confiado en la Justicia", dijo. Luego, ya en el pleno, la portavoz socialista, Carmen Alborch, pidió a la alcaldesa, Rita Barberá, que le retire las competencias, a lo que ella misma respondió asegurando que hubiera hecho lo mismo que Bellver "con los ojos cerrados".
Aunque el día anterior ya había emitido un comunicado denunciando persecución de la Fiscalía y del juez (antiguo líder socialista), el concejal de Urbanismo volvió ayer a defender su inocencia y a definir su estado de ánimo. "Estoy confiado en la Justicia", aseguró, aunque "dolido en la medida de que no somos capaces de entender el proceso". "Espero -continuó- que cuanto antes el Juzgado de Instrucción número 1 remita a la Audiencia el recurso presentado, porque ni los abogados ni los asesores entienden cómo es posible que el fiscal y el juez estén dictando autos sin tener en cuenta que posiblemente la Audiencia podría archivar y entonces no tendría sentido nada de lo que está pasando", explicó.
No dimite
De todas formar Bellver dice no estar sorprendido por nada. "Llevamos muchos meses de trámite en esta cuestión y no ha dejado de sorprendernos ninguna de las decisiones que se han tomado. Y esta es una más", precisó.
Preguntado si había puesto su cargo a disposición de la alcaldesa, el concejal aseguró que "en principio, esa es una decisión que debe tomar Rita Barberá".
Y no parece que vaya a hacerlo, al menos por lo visto ayer en el pleno. En el turno de ruegos y preguntas la portavoz socialista, Carmen Alborch, recordó que Bellver no sólo firmó el expediente del aparcamiento sin el informe de Patrimonio, sino que adjudicó la obra a Ortiz y Secopsa sin ser la opción mejor valorada y sin pagar al consistorio canon de explotación. Así pues, pide a la alcaldesa que, "tal como recoge el Código de Buen Gobierno", revoque la competencia de Urbanismo al concejal, sin perjuicio de las responsabilidades judiciales que puedan venir después.
Debate sosegado
En representación de todo el grupo popular, Alfonso Grau respondió asegurando que él hubiera firmado lo mismo y reprochando a Alborch que juzgara a Bellver pidiendo su destitución y dando por hecho que el subsuelo también deba ser objeto de informe patrimonial. "Mientras no haya culpabilidad no tiene derecho a pedir nada", le dijo.
Alborch respondió entonces que podrían cambiarle a otra área y, en todo caso, defendió su acusación, que no es la suya sino la que han hecho los tribunales. "Para mi tampoco es plato de buen gusto que un compañero esté en esta situación", afirmó.
Pero tampoco esta opción fue aceptada, pues, según Grau, "si no puede estar en Urbanismo, no veo por qué puede estar en otra".
Cerró el debate la alcaldesa, que tomó la palabra para reiterar que ella "hubiera firmado con los ojos cerrados" y para acusar a los socialistas de "paralizar la Administración". Según dijo, "los técnicos no se atreven a firmar un papel", lo que en la práctica es parar los expedientes, pues ella misma recomienda siempre a los concejales no firmar nada que no tenga delante la rúbrica de un técnico.
