Un informe elaborado por Intersindical Valenciana concluye que las oficinas de la Ciudad Ros Casares donde se instalarán tres departamentos de la Generalitat en los próximos días se quedarán pequeñas para albergar a todos los trabajadores. De hecho, según explica el estudio, la nueva ubicación incumpliría la normativa laboral ya que no está preparada para recibir a todos los funcionarios que trabajan actualmente al no garantizar los 10 metros cuadrados por trabajador.

El sindicato ha realizado este informe ante el inminente traslado de las direcciones generales de Patrimonio y Modernización y la Agencia Valenciana de Turismo al edificio de "lofts" en el Polígono Vara de Quart. Según explican, los despachos alquilados para la dirección general de Patrimonio tendrían poco más de la mitad de metros útiles para el trabajo, lo que incumpliría el mínimo establecido por la ley. Y es que el informe revela que el 40% de la superficie alquilada sólo puede servir para albergar almacenes, archivos, servicios o pasillos.

El sindicato señala en el informe que la dirección general de Patrimonio se ubicará en cuatro departamentos de la segunda planta. Cada módulo podría ser ocupado, según Intersindical, por 10 o 12 funcionarios cuando la Conselleria "pretende que trabajen 17 o 18 e incluso se ha llegado a plantear 21".

Por otra parte, el informe elaborado por el sindicato asegura que desde el Consell no se ha pedido en el Ayuntamiento de Xirivella, término municipal donde se encuentra la Ciudad Ros Casares, ni licencia de obras ni tampoco licencia ambiental, antes conocida como licencia de actividad. Según explican, el traslado de los trabajadores del centro de Valencia a la zona periférica les obligará a utilizar el coche privado, así como también a los ciudadanos, lo que puede aumentar la contaminación. En este sentido solicitan el aumento de líneas de trasporte público.

Las direcciones generales de Patrimonio y Modernización y la Agencia Valenciana de Turismo no serán los únicos departamentos de la Generalitat que se traslades de su actual ubicación a la Ciudad Ros Casares, según confirmó la propia Conselleria de Economía, cartera que gestiona el patrimonio inmobiliario. De hecho, desde este departamento defienden que las condiciones económicas son ventajosas. Estos traslados se realizan por la política de reducción de gastos. La Generalitat está negociando a la baja los alquileres y si el arrendatario se niega se busca una opción mejor. Eso sí, teóricamente el nuevo complejo 9 d'Octubre, donde debían alojarse todas las oficinas de la administración autonómica, debía inaugurarse a final de año, algo que será difícil por los retrasos en las obras.