La sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación presentado por el Ayuntamiento de Valencia pidiendo la suspensión cautelar de la orden del Ministerio de Cultura que declara expolio el plan del Cabanyal y paraliza los derribos. Esto supone una nueva victoria de quienes están en contra del plan municipal y de la prolongación de la Avenida Blasco Ibáñez, aunque no es la batalla definitiva, pues el fondo del asunto aún debe dirimirse en la Audiencia Nacional y el Constitucional tiene que pronunciarse sobre la prevalencia de esa orden del Gobierno o la de la ley autonómica que se aprobó a posteriori para inutilizarla.
Para poder entender esta sentencia lo primero que hay que decir es que el Ministerio de Cultura dictó el 29 de noviembre de 2009 una orden según la cual el Plan de Protección y Reforma Interior del Cabanyal-Canyamelar (Pepri) representa un expolio para el barrio. En consecuencia, obligaba al Ayuntamiento de Valencia a suspender la aplicación del citado plan mientras no se modifique para proteger los valores histórico-artísticos del barrio.
En respuesta a esta medida, el consistorio presentó un recurso ante la Audiencia Nacional pidiendo la suspensión cautelar de la misma, pues, argumentaba el ayuntamiento, se produciría un retraso de sus planes y un perjuicio de 60 millones de euros.
Pero la Audiencia nacional rechazó ese recurso por entender que la suspensión cautelar daría carta blanca a un plan sobre el que aún no hay pronunciamiento definitivo y porque el perjuicio económico que podía generar la orden ministerial era reparable, dado que el propio ayuntamiento lo había cuantificado.
Ante este primer rechazo el equipo de Gobierno municipal decidió seguir adelante y recurrió en casación ante el Tribunal Supremo, que ahora ha confirmado todos los extremos de aquel primer fallo de la Audiencia Nacional y ha rechazado las pretensiones municipales. Es más, el alto tribunal le ha impuesto las costas con un límite de 1.500 euros por abogado.
Nada más conocerse la sentencia el Ministerio de Cultura emitió un comunicado en el que daba cuenta de la misma y definía sus consecuencias: "La sentencia impide al Ayuntamiento de Valencia proseguir con sus planes en el Cabanyal-Canyamelar", afirma.
Es también un alivio para la propia titular del ministerio, Ángeles González-Sinde, a la que el ayuntamiento ha presentado una querella por prevaricación.
De todas formas, la batalla por el Cabanyal sigue estando en los tribunales, pues la sentencia de ayer únicamente se pronuncia sobre la suspensión cautelar de la orden ministerial. Aún queda pendiente el dictamen de la Audiencia Nacional sobre el fondo de la cuestión y el Tribunal Constitucional deberá determinar si prevalece la orden del Gobierno o está por encima de ésta la ley de la Generalitat que se arrogaba las competencias en esta materia y amparaba el plan del Cabanyal.
