«La facturación falsa e irregular viene fundamentalmente por la gestión del lodo». Esa es una de las principales conclusiones a las que llega el informe de más de 120 páginas elaborado por la Agencia Tributaria sobre el saqueo de la depuradora de Pinedo y que revela que en 2009, el de mayor desfalco de dinero público, hasta doce empresas diferentes llegaron a facturar por tratar y transportar lodos de la depuradora de Pinedo.

Sólo por el concepto de extracción de los fangos, el empresario fugado Jorge Ignacio Roca Samper y mediante la emisión de facturas falsas, según relata el informe de Hacienda incluido ya al sumario judicial. Para presuntamente blanquear parte de este capital, Roca Samper y otros imputados habrían realizado entre ellos negocios ficticios en el extranjero.

El juez ha utilizado este documento para ampliar la investigación a cuatro delitos más y otras ocho personas, lo que eleva el número de imputados a 27. Así, en un completo gráfico los investigadores desenmarañan un entramado de empresas que facturan a Emarsa y entre ellas para «distraer» el dinero público de la depuradora. Los agentes de la Agencia Tributaria aseguran que es en el tratamiento de lodos finos donde mayor capital se ha desviado aunque también se realizó en los «desbastes», los fangos gruesos que no se tratan y que directamente se incineran o se llevan a vertederos.

Según el informe, el precio que se paga por el lodo aumenta cuando más empresas intermediarias aparecen. La tonelada de lodo transportada se factura, normalmente, a un precio medio de 9 euros. Este sería el transporte puro y duro y que realiza el matrimonio formado por Francisca Ruiz San Jerónimo y el portavoz del PP de Albuixech, José Alcácer a través de su empresa Hispavás. Aunque Alcácer está imputado, el informe deja entrever que los trabajos facturados fueron realizados.

Por su parte, el tratamiento de los lodos, que sería el precio real sin hinchar la factura, según Hacienda sería de unos 18 euros por tonelada. Es lo que cobraba la empresa Adobs Orgànics, que en su caso sí que disponía de trabajadores. También tenía empleados Notec, aunque en su caso el informe le atribuye una presunta desviación de fondos ayudado por la firma Iris Tractaments, creada por Mercedes Aurora Cubillo, esposa del jefe de planta de la depuradora de Pinedo, Adolfo Polo Baixauli. Ambos están imputados en el saqueo.

El informe concluye que las firmas «intermedias o interpuestas» facturan a Emarsa de 42 a 44 euros la tonelada. Más del doble de lo que realmente costaba el tratamiento de lodos y sin tener ni un solo trabajador, como es el caso de las tres empresas de Jorge Ignacio Roca Samper: Erwinin, Printergreen y Zonday.

Sobre Roca Samper, el imputado que se encuentra en busca y captura el informe de la Agencia Tributaria revela que Emarsa «ha satisfecho todas las facturas que le han efectuado las entidades mencionadas en el Informe, en los ejercicios 2006 a 2009». «Así se observa que Erwinin cobra de Emarsa, entre 2006 y 2009, 10.758.999,90 de euros y paga a Adobs Orgánics 3.620.598,63 de euros, sin que realizara trabajo alguno adicional al realizado por Adobs, que justificara la facturación a Emarsa», explican los investigadores de la AEAT. Además, los técnicos detectaron que Printergreen cobró de Emarsa «1.772.965,11 de euros en 2009 y 1.077.560,32 de euros en 2010 sin que haya prestado servicio alguno a la entidad».

Roca y otro imputado, a través de su firma Agrolemos, realizaron negocios ficticios en el extranjero con la intención de defraudar a Hacienda. Este dinero se habría sacado en metálico de las cuentas corrientes, según contó este periódico.

La Epsar se negó en 2008 a aumentar los pagos a la depuradora

La Generalitat, a través de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), multiplicó por tres la financiación a la depuradora de Pinedo entre 2004 y 2009, según ha venido publicando este periódico. Aún así, la Epsar se negó en 2008 a aumentar este capítulo en contra de lo que solicitaba el presidente de Emarsa, Enrique Crespo.

En el acta de la Comisión Mixta de Emarsa, el gerente de la Epsar, José Juan Morenilla, aseguró que «la financiación de los gastos de explotación y mantenimiento de las instalaciones de Pinedo gestionadas por Emarsa, en función de las necesidades técnicas de las mismas y acorde a sus características considerando que los costes financiados son adecuados, no siendo posible por tanto el incremento de los mismos por encima de lo previsto». Esta propuesta fue elevada al presidente del consejo de la Epsar, el conseller José Ramón García Antón. Un año después los gastos continuaron subiendo.