El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha avalado la Orden del Ministerio de Cultura que paraliza los derribos en el Cabanyal por considerarlos expolio. Más exactamente rechaza la demanda interpuesta por el Ayuntamiento de Valencia contra la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo que ordenaba ese pronunciamiento del ministerio. Y lo hace básicamente porque en una demanda de ejecución de sentencia no puede pronunciarse contra la propia sentencia, como parece querer el consistorio, y porque ya existe un recurso en la Audiencia Nacional que debe resolver esa cuestión.
El Ayuntamiento de Valencia alegaba que el Ministerio de Cultura debía haberse limitado a motivar por qué en su día dijo que no había expolio, sin entrar en el fondo ni cambiar el veredicto final, aunque aprovecha para invocar los nueve recursos en los que se apoya la legalidad de su plan y la compatibilidad de sus acciones con la protección de la zona declarada Bien de Interés Cultural (BIC). A esta postura se une la Generalitat Valenciana, que asegura que la Administración del Estado "margina" a las administraciones local y autonómica.
El auto del TSJ de Madrid explica, no obstante, que en periodo de ejecución de sentencia "no puede ir más allá de lo que dice la sentencia que nos ocupa, que es lo que intenta el Ayuntamiento de Valencia" al estar en desacuerdo con la orden ministerial. Recuerda, así mismo, que también se ha interpuesto en la Audiencia Nacional un recurso contra la orden ministerial en el que se resolverá el fondo de la misma.
Por lo demás, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirma que la orden se basa en un más que suficiente número de informes técnicos, la mayoría de los cuales avalan la tesis del expolio, incluido uno de la Generalitat. Y sobre la tutela del caso, asegura que la competencia en materia de expolio es del Estado.
La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, anunció ayer que va a recurrir esta decisión, que según ella no entra en el fondo de la cuestión, y reiteró que está trabajando con el Gobierno para avanzar en este proceso, el primer paso del cual debe ser la retirada del recurso ante el Constitucional.
Por su parte, la plataforma Salvem el Cabanyal, que dio ayer a conocer el auto, y los partidos de la oposición creen que el Ayuntamiento debe aprovechar esta sentencia para abandonar la confrontación y negociar una salida que permita la recuperación del barrio.
