La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y la nueva delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Paula Sánchez de León, escenificaron ayer la nueva relación entre la administración local y central tras ocho años de enfrentamientos con el Gobierno socialista. A lo largo de dos horas de encuentro se abordaron casi todos los temas pendientes de resolución, que "son los mismos que teníamos hace ocho años", dijo Barberá, y se marcaron como prioridad el asunto del Cabanyal y la Marina Real Juan Carlos I.

La reunión se celebró en el Ayuntamiento con carácter protocolario, pero estuvo marcada por "el cariño, afecto y compañerismo" que une a estos dos veteranas políticas. En ese marco, Paula Sánchez de León firmó en el libro de oro de la ciudad y recibió como obsequio el libro de Tomás Moro, una de las obras más destacadas de la biblioteca municipal y referencia para todos los políticos.

Entre ambas existe además, buena sintonía política, no sólo en lo que respecta al partido sino en los objetivos, añadió Barberá. Así pues, en esta primera cita ya se repasaron todos los temas que llevan entre manos ambas administraciones, que "son todos los que teníamos hace ocho años, porque el Gobierno socialista no ha resuelto ninguno", dijo.

Las prioridades

De entre todos, Sánchez de León anunció que se han marcado como prioridad el Cabanyal y la dársena. Respecto al primero, la alcaldesa indicó que "ya dependía de Madrid" y la delegada del Gobierno valoró la urgencia de su resolución porque existen unos "plazos judiciales". Hay que recordar que lo que se espera del Gobierno, y de ahí las conversaciones con Vicepresidencia y con el Ministerio de Cultura, es la retirada del recurso de inconstitucionalidad puesto por el anterior Ejecutivo contra la ley de la Generalitat Valenciana que avala los derribos y la retirada de la orden ministerial que los prohibía y que dio lugar precisamente a esa ley.

Por lo que respecta a la dársena, la urgencia es nombrar a los nuevos representantes del Gobierno en el Consorcio Valencia 2007 para resolver la situación jurídica del suelo, que ahora es propiedad de la Autoridad Portuaria de Valencia; y para impulsar la explotación de la Marina Real Juan Carlos I, pues de ello depende el pago del crédito ICO con el que se hicieron las obras y que en este momento sufraga exclusivamente el Gobierno, que fue el avalista.

De todas formas, en la reunión, según explicó Rita Barberá, también se habló del AVE, del Corredor Mediterráneo, del Parque Central, de los chiringuitos o de las prospecciones petrolíferas, que tampoco son del agrado de este Gobierno, reiteró ayer Rita Barberá.

En cuanto al Parque central, la alcaldesa dijo que Kathryn Gustafson ya ha presentado el proyecto ejecutivo (aún no se ha hecho público) y que ahora sólo falta tener el visto bueno de la Sociedad Valencia Parque Central, cuyo consejo está a la espera de que el nuevo Gobierno nombre a sus representantes.

"Ahora puede ser mucho más fácil. Antes me agotaba", dijo la alcaldesa en referencia a las relaciones con el anterior y con el nuevo Gobierno de la nación.