Varios consejeros del PP en la Comisión de Hacienda de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi) se alinearon con los socialistas para que el presidente de la institución, Enrique Crespo, presentara ante el juzgado la querella que ha destapado el escándalo Emarsa. Según explicó Ramón Marí, portavoz socialista en la entidad, la rápida actuación de estas personas fue muy importante para que su petición tuviera que ser aprobada por el presidente, el dimitido Crespo. Marí fue la persona que acudió en un primer momento a la Fiscalía Anticorrupción y al Tribunal de Cuentas para denunciar las prácticas en la depuradora
Tras la liquidación de Emarsa con un agujero de 17 millones de euros en julio de 2010, el escándalo se iba haciendo cada día más grande por las revelaciones de gastos peregrinos y sueldos altísimos en la depuradora de Pinedo. En esos momentos, el PSPV presentó una denuncia ante la Fiscalía y otra ante el Tribunal de Cuentas. Los socialistas forzaron que en una Comisión de Hacienda de la Emshi, la propietaria y liquidadora de Emarsa, se tuviera que debatir sobre aportar toda la documentación a la Justicia. En esa reunión, celebrada el 7 de octubre de 2010, se consiguió aprobar esa iniciativa que cristalizaría en una denuncia ante el juzgado un mes después.
Según explicó Marí, Crespo era reticente a presentar la denuncia y fue el alineamiento de consejeros del PP lo que le forzó que su iniciativa tuviera éxito. De hecho, añadió, «desde la aprobación de la Comisión de Hacienda a que se presente la querella pasa un mes, lo que demuestra el poco interés que tenía el exalcalde de Manises». «Tuvieron que ser los abogados los que por registro de entrada de la Emshi presentaran la querella y Crespo no tuviera más remedio que firmarla y trasladarla al juzgado», argumentó. Meses después este bufete de abogados fue destituido y Crespo contrató a otro letrado para realizar la ampliación de querella que ampliaría la investigación en marzo de 2011.
Por otra parte, Ramón Marí abogó por investigar la gestión de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), dependiente de la Generalitat. El también alcalde de Albal cree que sus diputados en las Corts seguirán ese camino en la comisión de investigación.
Marí se mostró partidario de que se analice la gestión de esta entidad pública, tal y como se está haciendo con Emarsa. Marí lamentó que el PP haya tardado tanto en hacer dimitir a Crespo, así como los apoyos y reconocimientos que ha recibido una persona a la que, a su juicio, «no tenemos nada que agradecer», ya que solo se ha dedicado a «torpedear la investigación». «El PP no ha sabido estar a la altura de las circunstancias», aseguró el socialista, para quien la actitud de este partido demuestra que algunas personas «que están por encima de Crespo tienen algo que esconder», y que varios de ellos «sabían mucho más de lo que pensábamos». Marí agradeció el apoyo recibido desde la dirección del PSPV-PSOE, que según destacó ha puesto a su disposición todos los recursos, tanto periodísticos como de letrados, para poder llevar a delante la denuncia de esta situación. «Aquí el que está trabajando, el que está peleando y el que se está gastando el dinero es el PSPV. Los otros van a remolque de lo que nosotros estamos sacando», reivindicó Marí.
Hinchaban facturas
Ayer declaró otro de los 27 imputados en el caso. Se trata de Emil Stoyanov, un obrero que trabajó para las tres empresas de los hermanos del jefe de Informática de la depuradora, Sebastián García Martínez. Stoyanov reveló que ganaba 1.200 euros al mes por el mantenimiento en la depuradora de Pinedo. Su empresa cobraba a Emarsa más de 40 euros la hora por este servicio por lo que Stoyanov sólo habría podido trabajar 30, según el magistrado. El juez reveló que en realidad se cobró por 230 horas de trabajo. Esta práctica se realizó infinidad de veces.
Stoyanov pasó por tres empresas diferentes de los hermanos García Martínez durante varios años en la depuradora. A través de estas firmas los hermanos de Benimàmet cobraron más de cuatro millones de euros. El juez duda que la mayoría de estos trabajos se realizaran.
