Los abogados del heredero del edificio de la calle Lauria, esquina con Colón, en el cual se encuentra la tienda Apple, han cifrado en unos 22 millones de euros la responsabilidad civil en la que podría haber incurrido el arquitecto de la Sociedad del Colegio de Arquitectos (Arquitasa) que presuntamente cometió fraude -junto con un agente de la propiedad inmobiliaria- al tasar dicho inmueble.
En concreto, según han indicado estos letrados, la aseguradora de los arquitectos (Asemas), Arquitasa y el perito arquitecto imputado podrían incurrir en una responsabilidad superior a 22 millones "debido a una fraudulenta tasación" en esta causa que se sigue por la herencia del edificio en el juzgado de Instrucción número 12. El inmueble, original del siglo XIX, pertenecía a la familia Gonzálvez. El patriarca aún en vida repartió sus bienes entre sus cuatro hijos. Se debían tasar cada uno de los mismos y hacer compensaciones correspondientes entre los hermanos.
A su muerte se abrió un procedimiento civil. Cada unas de las partes nombró un perito para hacer las valoraciones que se harían llegar al juez. Uno de los hijos, José Antonio Gonzálvez, era el propietario del edificio y presentó un informe que lo tasaba en 10 millones de euros. Pero una hermana suya presentó otro informe por el cual un arquitecto de Aquitasa lo elevaba a 36 millones. El agente inmobiliario designado por el juez lo dejaba en 32. El juez tomó este última cifra como la que se debía asumir.
Con ello José Antonio tuvo que compensar a sus hermanos con 15 millones de euros. Él ya había vendido la finca por 18 millones a un fondo de inversión que luego lo alquiló a Apple, y no estaba de acuerdo con las tasaciones. Recurrió al Tribunal Supremo y tras contratar a un detective presentó una denuncia contra el arquitecto y el agente inmobiliario, acusándoles de fraude en la tasación y falso testimonio ante el juez.
Investigación
El citado detective debía investigar la forma en la que los dos imputados en este procedimiento habían valorado el inmueble. Este, según la denuncia, pidió una tasación al arquitecto, que la cifró en 18.069.900 euros. Le llegó a confesar, tras exponerle la tasación de 36 millones, que actuó con un dolo directo, e incluso le reconoció tener guardada otra peritación de unos 10 millones de euros menos.
Es decir, que le reconoció "haber actuado de forma ilícita", y le entregó una pretasación por la mitad. Respecto del agente inmobiliario, el detective averiguó que tras el procedimiento mantenía contacto con la familia Gonzálvez, y los cargos ostentados por una de las partes; e incluso llegó a reconocer que una de las partes resultaba "perjudicada" por su informe pericial, tal y como figura en la denuncia.
En el ordenador del agente se halló un documento con el valor que el arquitecto imputado atribuyó al edificio y esto fue antes de que éste presentara su informe en el juzgado, según la misma denuncia. "Esto pone de manifiesto una connivencia entre los dos peritos inculpados", según los letrados.
