El sitio web de la Junta Central Fallera (JCF) no tiene versión en valenciano porque no tiene contratados a traductores, labor que suplen los miembros de la propia entidad "en su tiempo libre" y de forma "desinteresada".
La Junta Central Fallera justifica en la falta de recursos la imposibilidad de ofrecer sus contenidos traducidos al valenciano, tras haber sido preguntada por la Sindicatura de Greuges.
En una sugerencia, el Síndic, José Cholbi, reprueba a la Junta Local Fallera de Valencia por no cumplir con la cooficialidad lingüística, máxime cuando los propios estatutos de la entidad recogen la obligación de impulsar el uso del valenciano.
Cholbi recibió la queja de varios vecinos de Valencia en la que aseguraban que el portal de la Junta Central Fallera de Valencia (www.fallas.com), no tenía versión en valenciano, circunstancia que a su juicio vulneraba la legislación sobre cooficialidad lingüística en la Comunitat.
El Ayuntamiento de Valencia, del que depende la JCF, explicaba al Síndic que hacía uso tanto del castellano como del valenciano, en cumplimiento del Reglamento Fallero.
"Otra cosa bien distinta es saber usar la página; también puede darse el caso de que el contenido de la página en su traducción al valenciano esté un poco retrasado respecto a la del castellano, ya que no se dispone de traductor simultáneo", puntualizan desde el consistorio.
La traducción del sitio web la realizan miembros de la Concejalía de Medios de Comunicación, que "por descontado", no están en la Junta Central Fallera a jornada completa, sino que "de su tiempo libre, trabajan desinteresadamente por y para las fallas, como todos sus miembros".
Los autores de la queja consideran, por contra, que "los deberes lingüísticos no pueden depender de contingencias técnicas, sino de la obligación legal de las administraciones".
Recuerdan que la Junta Central Fallera, en tanto que organismo municipal, debe utilizar el valenciano en el desarrollo de sus actividades "de manera preferente" y propiciar e impulsar su normalización.
"La falta de disponibilidad presupuestaria, de personal, de medios no puede, en ningún caso, ser una excusa para incumplir el mandato estatutario que impone a la Generalitat potenciar y proteger el uso del valenciano", remarcan.
Cholbi, en esa línea, recuerda que, aunque consciente de que "los recursos de los ayuntamientos son limitados", la legislación respecto del uso del valenciano es "clara y no admite ninguna interpretación".
La Llei d'ús i Ensenyament del Valencià, vigente desde hace más de 25 años, fijaba un plazo de tres año para que las distintas áreas de la Administración desarrollaran sus disposiciones, entre las que se incluye la de aplicar el régimen de cooficialidad para alcanzar "la equiparación plena" entre el castellano y el valenciano, apunta.
Cuando no se cumple con esta ley de normalización, el Síndic entiende que los ciudadanos valencianoparlantes entienden "vulnerados sus derechos lingüísticos" por parte de las autoridades y las oficinas públicas.
A este compromiso legal de defender la recuperación social del valenciano se une, en este caso, el propio Reglamento Fallero, que estipula que las fallas deben "propiciar e impulsar el valenciano y la normalización de su uso".
"Las fallas hacen suyas las señas de identidad oficiales y los símbolos propios recogidos en el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, como norma de expresión de su voluntad soberana del pueblo valenciano", añade la normativa fallera.
Según el Síndic, este compromiso se traduce para la JCF en "la necesidad de utilizar de manera preferente el valenciano en el desarrollo de sus actividades".
Por ello, le anima a que, dentro de su disponibilidad presupuestaria, promueva las actuaciones necesarias para adaptar los contenidos de su página web al régimen de cooficialidad vigente en la Comunitat.
