El juez que investiga el presunto desvío de 25 millones de euros de fondos públicos en Emarsa ha ordenado a la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi), que le remita dos escritos de fecha 13 de octubre de 2009 y 28 de abril de 2010 en los que, presuntamente, la entidad metropolitana advertía a la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales. Epsar, presidida entonces por el exconseller Juan Cotino, de la falta de cobertura legal para las transferencias de fondos remitidos a Emarsa por el ente público.
La petición procede de la defensa de Juan José Morenilla, por entonces gerente de la Epsar e imputado en el "caso Emarsa". Según algunas fuentes cercanas al caso, la petición de Morenilla, respaldada por el juez Vicente Ríos, que investiga el caso, podría representar un intento de derivar responsabilidades hacia el ámbito político.
El convenio por el que la Epsar, dependiente del Consell, financió más de 120 millones de euros a Emarsa durante los años del saqueo era ilegal, según reveló en la comisión de investigación de las Corts el secretario de la Emshi, José Antonio Martínez
Según explicó la diputada socialista Carmen Martínez en la comisión de Las Corts, en estos escritos se advertía de la inexistencia de un convenio que diera cobertura a las transferencias de dinero con las que la Epsar financiaba Emarsa. Pese a estas advertencias, el entonces conseller Juan Cotino todavía autorizó en 2010 el pago de 16,3 millones de euros.
El acuerdo, denunciado como ilegal, fijó el pago de 42 euros por tonelada de lodo tratado, muy por encima del coste real de 18 euros que se abonaba a la empresa que realmente hacía los trabajos
El juez ha pedido también los contratos suscritos por la Epsar con dos consultoras: Consomar y Red Control.
Bloqueo de bienes
Finalmente, el juez ha aceptado acordar la anotación preventiva de los bienes propiedad de Vicenta José Fortuny, que aparece imputada en la causa de Emarsa junto a su esposo, Vicente Ros.
El fiscal del "caso Emarsa" los considera como presuntos autores de un delito de alzamiento de bienes.
El pasado 20 de abril, ambos cónyuges firmaron la liquidación de sus bienes gananciales, valorados en casi cuatro millones de euros. Con su medida cautelar, el juez quiere garantizarse el pago de indemnizaciones si finalmente se produce una condena e impedir acciones conducentes a aislar ese dinero del proceso y de sus resultados.
La decisión judicial representa la prohibición de disponer o enajenar los bienes inscritos a nombre de la esposa tras la disolución del régimen de gananciales.
Las vacaciones judiciales paralizarán momentáneamente la investigación aunque el juez ya ha citado a partir de septiembre a 33 testigos. La encargada de cerrar las comparecencias, entre los que figuran personas vinculadas a la política, trabajadores o colaboradores de Emarsa y la Emshi será Mª Angels Ramón-Llin, concejala del Ciclo Integral del Agua en el Ayuntamiento de Valencia.
