24 de agosto de 2012
24.08.2012

El consistorio se autorreclama 9.183 euros por derribar dos casas de su propiedad

El ayuntamiento pide a AUMSA que pague unos trabajos de demolición que se realizaron "de urgencia"

24.08.2012 | 03:24
Tapiar "de urgencia" la finca ubicada en la calle Alquería Rocatí costó 1.342 euros.

La inercia burocrática ha llevado al Ayuntamiento de Valencia a reclamar a Aumsa, una de sus empresas, algo más de nueve mil euros correspondientes al derribo de oficio de una vivienda en ruina de propiedad municipal.
El ayuntamiento asume las actuaciones "de urgencia" que se realizan cuando existe riesgo de derrumbe de un edificio o desprendimientos en el mismo, y el propietario ha hecho caso omiso. Una vez concluidos los trabajos, la contrata municipal emite una factura que el ayuntamiento reclama al dueño. Sin embargo, rara vez el ayuntamiento se reclama a sí mismo el coste de una actuación de urgencia por incumplir la orden municipal de tirar abajo un inmueble.
Y eso es precisamente lo que refleja un expediente donde el ayuntamiento le reclama a la empresa municipal Aumsa el pago de 9.183 euros por el derribo de dos viviendas de su propiedad, concretamente dos casas de una planta en la calle Río Sil números 7 y 8. El expediente implica también el derribo de la vivienda ubicada en el número 9 de la misma calle que, esta sí, es propiedad de un particular.
El informe refleja que, en septiembre de 2010, el ayuntamiento ordenó a la propiedad que procediese a la "demolición controlada de la construcción por el peligro real que representaba su permanencia en pie". Sin embargo, en febrero de 2011 los inmuebles no habían sido derribados "incumpliendo la propiedad lo ordenado" por el ayuntamiento, que consideró necesaria una "intervención urgente" ante una "amenaza real para la seguridad ciudadana". La contrata realizó los trabajos y emitió una factura de 10.874 euros que el ayuntamiento reclamó al propietario.
Sin embargo, en enero de 2012 el propietario al que le habían reclamado todo el pago señaló que las otras dos casas derribadas eran propiedad de Aumsa. Un mes más tarde, el gerente de la empresa municipal autorizó que "la factura se expidiera a nombre de la sociedad".
Este caso, sin embargo, no es único. En mayo de 2011 el ayuntamiento también se reclamó a sí mismo (concretamente a la mercantil Cabanyal 2010) el pago de 3.191 euros por las actuaciones en dos viviendas de la calle Progreso (números 197 y 199), aunque, en este caso, el consistorio modificó la resolución al comprobar que, cuando se realizaron las actuaciones, los inmuebles eran propiedad de un particular.
En total, el ayuntamiento destina cada año 2,5 millones a este tipo de actuaciones. Los expedientes reflejan obras de lo más diversas e implica cuantías que alcanzan hasta los 10.000 euros. Desde alquerías en medio de la huerta, hasta pisos desocupados, plantas bajas o edificios en el centro de la ciudad.
Ejemplo de ello es el informe que afecta a un edificio ubicado en la calle Alquería Rocatí número 7 y 10. La policía local requirió a la contrata municipal que actuara de urgencia para tapiar la alquería y evitar la ocupación del inmueble. Las obras costaron 1.342,36 euros, que es la cuantía que ahora le reclama el consistorio al propietario.

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