La auditoría, que vio la luz el pasado 17 de septiembre, denuncia otros de los deberes pendientes del equipo de gobierno de Rita Barberá. Se trata del plan de subvenciones municipal: no existe y debería hacerlo desde 2003. "El Ayuntamiento no se ha dado respuesta a la exigencia de concreción de un plan estratégico de subvenciones en los términos expuestos en el artículo 8.1 de la Ley General de Subvenciones", explica el documento.

En este sentido, el informe hace hincapié en la existencia de casos en que el ayuntamiento formula convenios con entidades generalmente vinculadas a la prestación de servicios sociales dentro del ámbito competencial municipal, a la vez que se acepta la justificación mediante la mera presentación de facturas en razón de los servicios prestados por parte de las entidades suscriptoras.

En cuanto al área de concesión de subvenciones, las incidencias detectadas por el informe auditorial responden a una concesión de subvención sin que se satisficieran los requisitos establecidos en la Base de la Convocatoria.

Subvenciones sin justificación

Otro de los casos revela la falta de justificación de la ausencia de la concurrencia competitiva en un expediente de concesión. La ausencia del proceso de concesión previsto en la Ley General de Subvenciones que dio lugar a un gasto sin autorización y disposición, con reparo de la Intervención General en la tramitación del expediente, es otra de las negligencias que consta en los expedientes anómalos que ha encontrado la auditoría.