La Concejalía de Urbanismo ha rechazado más de 300 alegaciones a la revisión simplicada del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de vecinos, empresarios y asociaciones encaminadas a obtener cambios de uso en suelo urbano argumentando extemporaneidad. Dichas alegaciones afectaban a suelo urbano consolidado, cuando la revisión del PGOU se circunscribe al suelo urbanizable.
El ayuntamiento, en cambio, sí ha tramitado las alegaciones de la asociación de colegios religiosos encaminadas a cambiar la calificación urbanística de estos centros que de equipamiento escolare público pasarán a equipamiento dotacional privado. Esta modificación blinda a los colegios religosos frente a posibles expropiaciones y les allana el terreno para reconvetirse en otro tipo de centro de enseñanza.
El ayuntamiento expuso al público en 2008 la revisión preliminar del PGOU donde se incluyeron nuevos sectores urbanizables que permitirán construir en torno a 25.000 nuevas viviendas y que suponía la pérdida de 800 hectáreas de huerta. Durante la exposición al público el documento recibió 2.336 alegaciones, la gran mayoría eran de particulares, empresas y entidades mercantiles.
Hubo casos de entidades vecinales que planteaban cambiar un suelo escolar por deportivo para poder construir una piscina. También hubo ciudadanos partidarun que directametne pedían la recalificación de un solar o la descatalogación de un edificio. En concreto, los Lladró solicitaron sin éxito que unos terrenos de Rafalell y Vistabella se incluyeran como cesión dotacional en uno de los nuevos sectores urbanizables y se rechazó.
Todas estas alegaciones fueron rechazadas sistemáticamente alegando que no era el momento procedimental oportuno. Los responsables de Urbanismo emplazaron a los interesados a una segunda fase de la revisión del PGOU que, entonces sí, afectará al suelo urbano y que, de momento, no se ha planteado.
Sin embargo, las alegaciones que presentaron los colegios religiosos hace dos años sí han conseguido pasar el filtro y la Concejalía de Urbanismo, en la que el viernes tomó el relevo Alfonso Novo está tramitando el cambio de uso pese a estar igualmente en suelo urbano consolidado.
Para el concejal socialista Vicente Sarrià el ayuntamiento debía haber rechazado con el mismo argumento de extemporaneidad las pretensiones de los colegios reliosos. Aceptándolas, añade, «se está generando indefension porque no se incluyeron dentro de la documentación inicial y nadie va a poder alegar». Sarrià advirtió de que si el ayuntamiento sigue adelante con el cambio de uso de los colegios privados «podría incurrir en una ilegalidad al no formar parte del objeto de la revisión».
Una decena de colegios religiosos recurrió el PGOU de 1988 que calificó todos los centros docentes privados del núcleo urbano como equipamiento escolar público. El Tribunal Supremo les dio la razón parcialmente reconociendo su derecho a cobrar una indemnización por la edificabilidad perdida. El ayuntamiento ha tenido que pagar más de 31 millones de euros para compensar a los colegios.
