Una baja bloquea cuatro meses las licencias en Tránsitos

La baja durante cuatro meses de un funcionario de la Junta Municipal de Tránsitos ha dejado bloqueadas decenas de licencias de obras menores, lo que ha provocado la indignación de pequeñas empresas de construcción y ha puesto sobre la mesa las consecuencias prácticas de la política de amortización de puestos de trabajo aplicada por el Ayuntamiento de Valencia.

Según ha podido saber este periódico, el funcionario, responsable de licencias de la Junta Municipal de Tránsitos, sufrió un «accidente» el pasado mes de julio y no volvió a su puesto de trabajo hasta el pasado día 13 de noviembre, fecha a partir de la cual vuelve a estar en la junta todos los martes y jueves. Durante ese tiempo no fue sustituido por ningún otro funcionario, por lo que la resolución de los expedientes quedó paralizada temporalmente a la espera de su firma.

Eso ha bloqueado, por ejemplo, licencias de obras, fundamentalmente de fachadas, provocando la indignación de pequeños empresarios del sector que se han visto muy perjudicados por estas demoras. «En tiempos de crisis —dicen— retrasar obras puede suponer despedir a gente e incluso perder negocios».

En algunos expedientes la resolución se ha alargado casi hasta el año, situándose esta Junta de Distrito al mismo nivel que las más descuidadas en este sentido. Juntas como la de Abasto o Russafa, dijeron las fuentes, también tardan hasta 6 y 9 meses en tramitar este tipo de licencias, aunque en esos casos sin necesidad de que se pusiera nadie enfermo.

Reducción de plantillas

El problema de la Junta de Tránsitos viene a demostrar la incidencia que en el día a día tiene la política de amortización de puestos de trabajo puesta en marcha por el equipo de Gobierno municipal. La alcaldesa Rita Barberá aseguró durante la presentación de los presupuestos de 2013 que en los últimos cuatro años se ha reducido la plantilla en 373 personas a base de no cubrir bajas, vacantes y jubilaciones. Sólo entre la huelga general del 29 de marzo pasado y la celebrada el pasado 14 de noviembre la plantilla, sin contar la Policía Municipal, había perdido prácticamente un centenar de funcionarios.

Ayer mismo el Grupo Municipal Socialista, a través de la concejala Anaïs Menguzzato, denunció el «desmantelamiento encubierto» del Centro Municipal de la Mujer (CMIO), cuya plantilla de ocho personas se ha visto reducida a la mitad. Una de las bajas, además, es la de la abogada que atendía a las víctimas de violencia de género, dijo.

Ahora el servicio, según Menguzzato, se prestará a través de un convenio con el Colegio de Abogados de Valencia, extremo que confirmó el propio ayuntamiento, cuya concejala de Servicios Sociales, Ana Albert, garantizó ayer la prestación del servicio.