La empresa municipal Aumsa ha pasado el recibo del impuesto de bienes inmuebles (IBI) a los inquilinos de unas 500 viviendas públicas coincidiendo con la campaña puesta en marcha por este colectivo para que les rebajen los alquileres y tengan algún tipo de exención precisamente en el pago de este impuesto. Para un piso de 80 metros, la cantidad es de 450 euros, una cantidad excesiva, dicen los vecinos, además de llegar en el "momento menos oportuno".
El términos generales, los vecinos piden la rebaja de sus mensualidades para ponerlas al nivel de los alquileres de viviendas de renta libre, que, con la crisis, han bajado mucho sus precios. Reclaman, así mismo, la unificación del administrador para bajar los precios, la denuncia a las constructoras para que se hagan cargo de los desperfectos o la exención de algunos impuestos como el IBI.
El vicealcalde Alfonso Grau ya ha dicho que en este último punto poco se puede hacer y esta semana, de hecho, todos los inquilinos están recibiendo el recibo, lo que ha incrementado el malestar de los afectados.
Entre tanto, el colectivo sigue recibiendo adhesiones a sus propuestas, entre ellas las del grupo de Esquerra Unida (previamente lo hizo el PSPV y Compromís) y también de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia.
