El bar-restaurante Rodrigo, el local de Valencia que se declaró insumiso a la ley Antitabaco, ha cerrado sus puertas después de dos años de resistencia y con 640.000 euros en multas. Su dueño, Rodrigo Arroyo, presume, en cualquier caso, de haber plantado cara a la administración y asegura que seguirá con la misma política allá donde vaya. La causa del cierre, asegura, no ha sido el tabaco, ha sido la crisis y la imposibilidad de hacer frente a los pagos.

El bar Rodrigo, situado en la calle Ceramista Ros, muy cerca de Tres Forques, declaró públicamente su insumisión nada más entrar en vigor la popular Ley Antitabaco, vigente desde el 2 de enero de 2011. Después de los Reyes hizo pública su decisión y comenzó también su enfrentamiento con la administración, concretamente con los inspectores de la Conselleria de Sanidad.

Según Rodrigo Arroyo, en este momento tiene pendientes una primera multa de 600 euros, cuatro multas posteriores de 10.000 euros cada una, y una multa final de 600.000 euros, que, a su juicio, "la pusieron para amenazarme".

Orgulloso de su trabajo

A día de hoy, por tanto, suma sanciones por un valor de 640.600 euros, como muy bien se ocupa de sumar el propio Arroyo, una batalla que está librando en los juzgados con la ayuda de un abogado. No parece, sin embargo, estar muy preocupado por ello, pues "ahora que el local ya está cerrado no creo que puedan hacer nada". Es más, está orgulloso de su lucha y asegura estar dispuesto a seguir boicoteando la ley antitabaco allá donde vaya. De momento, está buscando un local más pequeño para abrir otro bar y seguir con su misma política.

Y es que según cuenta, el local de Ceramista Ros lo ha tenido que cerrar por culpa de la crisis. Simplemente "no podía pagar el alquiler, que era de 3.000 euros al mes para un barrio como este". "Ahora estoy buscando algo más pequeño y más barato que me permita seguir haciendo esto", precisa Rodrigo Arroyo.

Por su parte, el propietario del local donde estaba el Bar Rodrigo explicó ayer a este periódico que había rescindido el contrato por las deudas que había ido acumulando. Sin querer dar su nombre, aseguró que la decisión ha sido unilateral, del propio dueño, que puso fin al contrato a primeros de año e "indemnizó al inquilino para quitarselo de encima".

Ahora la fachada del bar está llena de carteles de "se alquila" y unos obreros hacen trabajos en el interior con el fin de ponerlo de nuevo en funcionamiento. Al parecer, ya hay varios interesados en realquilar el local y hacerlo, además, "sin sobresaltos ni problemas para nadie".