La Plataforma Feminista de Valencia, que agrupa a más de veinte organizaciones sociales, ha pedido la retirada de la ordenanza sobre prostitución y ha dirigido sus críticas contra el Grupo Socialista, que aunque no gobierna, ha presionado para que se hiciera este texto y lo ha pactado con el equipo de Gobierno del PP.

Explica la plataforma que el borrador de la nueva ordenanza "no pretende proteger ni regular la prostitución, ni tampoco prohibirla con carácter general, sino mediante sanciones prohibir la prostitución callejera por entender que la misma afecta a la seguridad ciudadana y al ejercicio de los derechos de otras personas", limitando el uso de los espacios públicos por las mujeres.

Para esta organización, la ordenanza muestra contradicciones, ya que "la norma por un lado prohibe el ofrecimiento, solicitud y /o aceptación de servicios sexuales retribuidos y después indica que no se sanciona a las personas que ejercen la prostitución".

Por otro lado, la sanción a aplicar dependerá, dicen, de la voluntad del policía local correspondiente, dado que "la interpretación de dicha exclusión o limitación de los diferentes usos del espacio público, es extremadamente ambigua".

La Plataforma Feminista denuncia que en definitiva estas medidas sancionadoras "no van encaminadas a erradicar la prostitución porque suponen un mayor perjuicio para quienes la realizan". "La rapidez en la negociación para evitar la intervención de la Policía Local las pone en mayor debilidad y las excluye a espacios menos protegidos donde pueden ser más vulnerables, dado que hará que quienes realicen la actividad de forma libre puedan pasar a depender de los empresarios de alterne o incluso caer en manos de mafias o proxenetas".

Además, la norma deja aún en mayor vulnerabilidad a las mujeres inmigrantes en situación irregular, que "serán todavía más perseguidas".

Recaudar y limpiar

Por último, se incluye en esta ordenanza un supuesto plan social que luego no se ve acompañado de una partida presupuestaria para ayudar a las mujeres.

En definitiva, para la Plataforma Feminista de Valencia ésta es una ordenanza con dos finalidades. Por un lado, la recaudación mediante la imposición de sanciones económicas, y por otro la "limpieza de calles y barrios de prostitución", criminalizando y abocando a la exclusión social a uno de los colectivos con menos derechos y protección.