La Sindicatura de Cuentas ha reprochado al Ayuntamiento de Valencia el uso continuado de la fórmula del reconocimiento extrajudicial de créditos como fórmula para pagar facturas atrasadas que no están en los presupuestos. El ayuntamiento, sin embargo, sigue haciendo uso habitual de ella. Este año ya ha habido dos reconocimientos por valor de 29 millones de euros, lo que ha merecido el reproche de todos los grupos de la oposición, que entienden que esta fórmula excepcional de pago no puede ser habitual, sobre todo cuando gran parte del dinero se destina al pago de gasto corriente, que debería estar contemplado en los presupuestos anuales.

El informe de la sindicatura parte de las cuentas de 2011, año en el que se aprobaron 320 expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito por un importe algo superior a los 124 millones de euros, 14,8 de los cuales correspondían a gastos de ese mismo ejercicio.

Los técnicos constatan que en algunos casos los gastos no vienen precedidos de una previsión presupuestaria, de ahí el "significativo volumen de expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos", una "debilidad relevante" dentro del control interno de las cuentas, dicen.

En el año 2012 el consistorio se encontró con la oportunidad de saldar todas las deudas con los proveedores mediante un plan del Gobierno central que le permitió pagar los 183 millones pendientes y dejar las cuentas a cero hasta el 31 de diciembre de 2011. Eso, en principio, permitía aflorar todas las facturas en los cajones, que el equipo de Gobierno no las considera así al estar reconocidas y contabilizadas en la cuenta 413.

Pero la situación no ha cambiado sustancialmente. En lo que va de año el Ayuntamiento de Valencia ya ha aprobado dos reconocimientos extrajudiciales de crédito, el primero en enero por un importe de 20 millones de euros; y el segundo en marzo por un importe de 9,3 millones de euros, de los cuales tres millones eran para pagar alumbrado, algo que debía estar previsto en los presupuestos generales.

Deudas reconocidas

Los responsables del área económica del ayuntamiento siempre han asegurado que estas facturas no están ocultas. Muy al contrario, dicen que son públicas y que están reconocidas en una cuenta oficial, lo que significa que han aflorado y que se van a pagar. También existe un compromiso municipal para ir reduciendo su cuantía tras el saneamiento de las cuentas.