03 de mayo de 2013
03.05.2013

Barberá paga 264.000 euros por tres inmuebles del Cabanyal para tirarlos

Los vecinos dudan de que la operación tenga amparo legal por la suspensión del Pepri y EU califica de escandaloso el gasto

03.05.2013 | 01:16
Vivienda de estilo modernista popular de la calle San Pedro del Cabanyal.

El gobierno municipal de Rita Barberá sigue adelante con el Plan Especial de Reforma Interior del Cabanyal, que incluye la polémica prolongación de Blasco Ibáñez, y hoy aprobará en junta de gobierno un gasto de 264.000 euros para comprar, a través de Aumsa, tres inmuebles en la calle San Pedro, concretamente, en los números 15-17, 47 y 19. Se trata de inmuebles afectados por los derribos previstos en el plan urbanistico para la apertura del llamado bulevar San Pedro.

La Asociación de Vecinos del Cabanyal manifestó ayer sus dudas sobre la legalidad de esta operación ya que el plan urbanístico de la prolongación está suspendido. De hecho, el ayuntamiento mantiene desde hace meses bloqueadas las licencias de obras y actividad que solicitan particulares y comerciantes del Cabanyal en aplicación estricta de la orden ministerial de 2009 que suspende el plan al entender que supone expolio del patrimonio histórico. El plan urbanístico está pendiente de una resolución del Tribunal Constitucional.

El gobierno local, sin embargo, parece entender que la orden ministerial no afecta a la adquisición de las casas afectadas por los derribos, una operación en la que además se ha acogido a la exención del IVA prevista en la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. Esta normativa permite eludir el pago del IVA cuando las edificaciones están destinadas a viales, como el citado bulevar San Pedro.

El portavoz de EU, Amadeu Sanchis, calificó ayer de "escandalosa" la aportación de dinero municipal para adquirir casas en el Cabanyal con el fin de continuar con la ejecución del plan especial. Para Sanchis, esta actuación urbanística "sólo" la "mantiene en vigor la tozudez de la alcaldesa", Rita Barberá.

Sanchis, en línea con los vecinos, recordó que el plan "está paralizado y herido de muerte desde la sentencia de la Audiencia Nacional de julio de 2012", que avaló la suspensión del Pepri. "Nos parece increíble que con la actual situación de asfixia económica del consistorio, con el drama de los desahucios afectando a miles de familias en Valencia la prioridad del equipo de gobierno del PP sea la adquisición de inmuebles para su posterior demolición".

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook