Walter Agredo es licenciado en Filosofía y Comunicación Social por la Universidad del Valle y periodista.Defensor de Derechos Humanos y miembro de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos en la región del Valle del Cauca desde hace 10 años. Invitado por la Coordinación Valenciana de Solidaridad con Colombia (Cedsala) ha estado en Valencia para explicar la campaña «La Libertad asunto de todos. Contra la detención arbitraria, persecución judicial y criminalización de la protesta en Colombia».

Si Colombia goza de un sistema democrático, ¿cómo puede mantener que en la cárceles hay presos políticos?

Colombia se ufana de que tiene la democracia más consolidada de la región, solo ha habido una dictadura militar, la de Gustavo Rojas, en su historia, pero eso es distinto a que funcione bien. El gran jurista Eduardo María Mendoza afirma que lo que existe en Colombia es una democradura. En mi país, por ejemplo, hay 18.000 desaparecidos reconocidos por el Estado, más que en Argentina. Nosotros pensamos que son más de 20.000. También tenemos más de 2.000 presos políticos que antes eran combatientes de las insurgencias.

¿Quiere decir que cualquiera que se oponga al régimen puede acabar en una prisión?

No es que lo digo, es que sucede. La idea que tenemos de un preso político ha cambiado en Colombia y ahora todo aquel que que contradiga al Estado es puede ser encarcelado, ya sean sindicalistas, estudiantes, jóvenes, mujeres o indígenas.

¿Qué pretende la campaña que han iniciado?

Señalar el control social que ejerce el Estado militarizando el país y colocando seguridad en cualquier parte. Se producen registros, detenciones, toques de queda para jóvenes. Lo que más nos preocupa es la detención de gante joven, unos 50 al día. Se apresa a tanto joven porque quieren combatir el delito, asocian a la juventud. Es verdad que habrá jóvenes que delinquirán, pero la gran mayoría no.

Parece que el Estado no va a la raiz del problema.

Claro, no se mira la causa de porqué se roba, por ejemplo. Muchos jóvenes no tienen acceso a la educación y al trabajo, son marginados y la única vía para conseguir lo que no tienen es robando.

¿A los líderes sociales porqué se les detiene?

Se les acusa del delito de rebelión, que lleva aparejado una pena de entre 6 y 9 años de cárcel. A la mayoría de los detenidos se les asocia con la insurgencia, pero como esa figura penal no existe en nuestro ordenamiento jurídico se les aplica el delito de rebelión.

¿Qué busca el Estado con esta política?

Debilitar los movimientos sociales, objetivo que no logra porque la gente sabe lo que hacemos y por eso se une a nuestra causa.

¿Y la Justicia se pliega a los intereses del Estado?

Es que la Justicia está construida para que el modelo se mantenga. Todas las reformas que se hacen van en ese sentido. Es una Justicia altamente politizada que tiene como objetivo mantener al encarcelado el mayor tiempo posible. Y el mensaje que da es que se castigará y meterá en prisión a los que se unan a nuestros movimientos.

¿La represión que denuncian se produce en todo el país?

Quieren convertir Colombia en una gran mina a cielo abierto y para eso necesitan despojar a la gente de sus tierras para entregarlas a las multinacionales. Hay dos formas: o lo hacen los grupos paramilitares o mediante campañas de judicialización de los líderes de estas zonas. Las detenciones son arbitrarias, viciadas y políticas para cargarse un modelo.

Denuncia también la estigmatización de una parte de la sociedad colombiana.

Se asocia delito con joven y si además es afrodescendiente, entonces la combinación es mortal. En el caso de los movimientos sociales la táctica es hacer ver a la sociedad que los líderes son colaboradores de la insurgencia, miembros de la guerrilla. Han implantado un modelo y el que se salga merece un castigo ejemplar. Tantas detenciones han convertido el sistema carcelario en infrahumano. Ahora hay 117.000 personas encarceladas en Colombia y el 55% de las prisiones están hacinadas. La mayoría de los presos proviene de l pobreza, de los sectores marginados. La solución no es construir más cárceles sino reformar el sistema judicial.

¿Cuál es la situación de los presos políticos en las cárceles?

Reciben muy mal trato y son considerados presos muy peligrosos. También se les aplica una política de dispersión que les aleja de sus familias.

¿Cómo ve el proceso de paz emprendido en Colombia?

Si bien es importante que se ponga fin a una guerra de 50 años nos preocupa que no se cierre en falso. Existen unas causas que originan el conflicto como la desigualdad, la pobreza, la injusticia, etcétera y que fomentan el nacimiento de la guerrilla. Esas razones hoy persisten y si no se abordan habrá gente que estará dispuesta a seguir en la insurgencia. Se está negociando con las FARC pero también existen el Ejército Popular de Liberación y el Ejército de Liberación Nacional, grupos a los que no se puede marginar de las conversaciones. También debería haber un espacio para el movimiento social

No parece muy convencido.

Vemos con buenos ojos las conversaciones de La Habana aunque no hay que olvidar que existe una legislación muy agresiva con nuestro movimiento como el Fuero Penal Militar o la Ley de Seguridad Ciudadana o la permisividad con los proyectos extractivistas o que el gasto militar supere al de Sanidad o Educación.