El ayuntamiento tendrá que devolver al Estado 96 millones cobrados de más en 2009

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha desestimado el recurso presentado por el Ayuntamiento de Valencia contra la liquidación de la Participación en los Impuestos del Estado (PIE) de 2009, que obligaba al consistorio a devolver 96 millones de euros cobrados de más. Ante la contundencia de la sentencia, que impone al ayuntamiento el pago de las costas, el servicio jurídico municipal ha decidido no recurrir en casación, lo que habrá de confirmar hoy la Junta de Gobierno Local.

La PIE es el principal ingreso de los ayuntamientos. Se trata del dinero que el Estado reparte proporcionalmente a los municipios dependiendo del dinero que recaude por impuestos. A Valencia, por ejemplo, le corresponden entre 200 y 300 millones al año, lo que lo convierte en la mayor partida de unos presupuestos que oscilan entre los 700 y 800 millones anuales.

El problema surge porque la cantidad que recibe el consistorio se hace de acuerdo con una previsión de ingresos y luego se hace una liquidación que puede resultar positiva o negativa. Generalmente el Gobierno tiene que dar más dinero, pero en los años 2008 y 2009 ocurrió lo contrario, que el ayuntamiento de Valencia tenía que devolver.

En el año 2008 en concreto fueron 30 millones de euros y en 2009 esa cantidad se disparó a los 96. Se habían cobrado mensualidades por valor de 290 millones y una vez hechas las cuentas sólo les correspondían 193.

Para paliar el efecto negativo de la devolución en las arcas municipales, no sólo de Valencia, sino de muchas otras ciudades, el Gobierno decidió ir descontando esa cantidad del dinero que debía abonar por este o por otros conceptos en los siguientes cinco años.

Pero eso no impidió que Valencia montara en cólera y acusara al gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero de "hundir a las administraciones locales" haciendo unas previsiones de ingresos exageradas para esconder la crisis y luego, con las cuentas en la mano, pedirles que devuelvan el dinero cobrado de más, que ya había sido incluido en sus presupuestos generales y en la mayoría de los casos gastado. "Tienen una cara como un piano", dijo en su día Rita Barberá, que pidió a todos los alcaldes de España que inundaran el despacho de la ministra Elena Salgado con sus reclamaciones. Pedía también al menos 10 años para devolver esas cantidades.

En paralelo, además, el ayuntamiento presentó un recurso ante la sala contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra la liquidación definitiva firmada el 26 de junio de 2011. Solicitaba la suspensión del reintegro hasta que se hicieran las cuentas adecuadamente, otro de los problemas esgrimidos desde Valencia.

Todo era correcto

Ahora, con fecha 29 de mayo, la sala octava ha dictado sentencia confirmando la obligatoriedad de devolver los 96 millones requeridos. Explica la sentencia que lo ocurrido en 2009 "no es nuevo", pues ya había pasado algo similar el año anterior. Recuerda también que en la ley de presupuestos se decidió fraccionar la cantidad en cinco anualidades, cuando el Estado abonaba el dinero en el mismo año si le salía a pagar. Y explica, por último, que el dinero reclamado apenas representará el 3,6% del presupuesto municipal, un presupuesto que podía, además, haber "planificado mejor" teniendo en cuenta que el ayuntamiento tenía información de la liquidación, que es correcta en sus cálculos.

La sentencia impone incluso las costas al consistorio, de manera que hoy la Junta de Gobierno Local aprobará la propuesta de los servicios jurídicos municipales de acatar el fallo y no recurrir en casación ante las pocas posibilidades de ganar. Se da la circunstancia añadida de que en enero de 2012 el Gobierno del PP amplió a 10 años el periodo para devolver el dinero.