PP y PSPV aprueban la ordenanza de la prostitución con los vecinos en contra

El pleno del Ayuntamiento de Valencia aprobó ayer la definitiva ordenanza sobre la prostitución con los votos favorables del equipo de gobierno municipal y del Partido Socialista. El texto, sin embargo, recibió duras críticas de los otros dos partidos de la oposición y de la Federación de Asociaciones de Vecinos, cuya representante, Matilde Ramos, advirtió que esta ordenanza saldría adelante «con el menor apoyo social que puede tener».

En resumen, el documento aprobado ayer tiene como objetivo acabar con la prostitución callejera y las molestias que ocasiona a los vecinos, una vieja reivindicación de la zona de Velluters, donde está el barrio chino. Se trata de un texto que sanciona con entre 300 y 2.000 euros a los proxenetas y a los clientes, pero que libera a las mujeres. Y las multas serán más graves si el contacto tiene lugar a menos de 200 metros de un colegio o bien en una zona aislada, oscura o cercana a una vía de circulación. También se prohibe la publicidad sexual en toda la ciudad.

Para la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia, sin embargo, se trata de una ordenanza «sin consenso» y con una carácter exclusivamente «punitivo y sancionador». «El texto está enfocado a la seguridad dijo Matilde Ramos en su intervención ante el pleno mientras que los aspectos sociales, sanitarios o de explotación de la mujer ocupan un lugar secundario».

Echa de menos, por ejemplo, soluciones para la reinserción social y laboral de las mujeres y asegura que la inversión económica es insuficiente para ejecutar un programa integral en este sentido.

Trini Piquer, «disidente» de la Asociación de Vecinos de Velluters y una de las que presentaron alegaciones sin éxito, añadió a Levante-EMV que esta ordenanza solo beneficia a los dueños de los locales en los que habrán de refugiarse las mujeres, que «en vez de cobrarles 6 euros por la habitación les cobrarán 8». Le preocupa también la sanidad y propone que el dinero de las multas sea para ayudar a las propias mujeres.

Casi todos estos argumentos estuvieron también en las palabras de Esquerra Unida y Compromís, que no han participado en la elaboración de la ordenanza. La falta de participación ciudadana, el fracaso que han tenido este tipo de medidas en otras ciudades, la ausencia de un plan integral y la necesaria participación de la Concejalía de Bienestar Social fueron los ejes de Rosa Albert, concejala de Esquerra Unida, quien recordó que si estas mujeres se refugian en locales no tendrán quien les ayude sanitariamente, cosa que sí ocurre ahora.

Consol Castillo, de Compromís, aseguró por último que el problema de Velluters es el abandono del ayuntamiento en materia de urbanismo, ruido, droga, degradación, suciedad etc. «Esta ordenanza lo único que consigue es hacer más vulnerables a las mujeres y alejarlas a otros sitios de la ciudad donde serán más vulnerables», vaticinó.

«Bipartito» PP-PSPV

La batería de argumentos a favor la inició la concejala socialista Anaïs Menguzzato, que ha participado en la negociación del texto, pero que empezó su discurso admitiendo que «no es la ordenanza que los socialistas habrían hecho si gobernaran». A su juicio, lo básico es que no se sanciona a las mujeres y se las integra socialmente. De hecho, ya está en marcha un plan social aprobado en paralelo a la ordenanza que ha permitido que 50 mujeres estén ya recibiendo curso de formación para su inserción laboral. «Esto no acabará con la prostitución dijo, pero abre el camino para mejorar la vida de estas personas».

Para terminar, el concejal popular Miguel Domínguez, que ha asumido un papel secundario en todo este debate, optó por la confrontación política con los críticos, a los que acusó de no querer participar en los trabajos previos. Y su mejor argumento es que el documento, que solo «es el inicio» de un proceso, tiene el visto bueno de los vecinos de Velluters.