24 de agosto de 2013
24.08.2013

Protección de datos cuestiona las cámaras que quiere instalar Valencia en los parques

La agencia estatal declara ilegal la videovigilancia contra el vandalismo en puntos estratégicos de Alicante y obliga a quitar 41 aparatos

25.08.2013 | 01:46
Protección de datos cuestiona las cámaras que quiere instalar Valencia en los parques

La Agencia Estatal de Protección de Datos ha puesto la lupa sobre las cámaras de videovigilancia en parques, colegios y otros espacios públicos sensibles al vandalismo. En concreto, la agencia estatal ha instado al Ayuntamiento de Alicante a ordenar la retirada de 41 cámaras de seguridad de tres parques públicos y dos colegios de la ciudad por atentar contra la privacidad del viandante y carecer de permiso gubernamental. La resolución de la Agencia de Protección de Datos puede generar un precedente para las cámaras que el Ayuntamiento de Valencia ha autorizado en varios edificios públicos así como para el proyecto de videovigilancia del Jardín del Turia o el que los comerciantes del centro histórico plantean para las principales calles comerciales.
La colocación de cámaras de vigilancia en espacios públicos es un tema espinoso donde chocan el derecho a la intimidad y a la propia imagen, por el almacenamiento y uso de las imágenes grabadas, con la seguridad pública.
En una resolución de julio, a instancias de una denuncia de un sindicato policial, la Agencia de Protección de Datos considera que las cámaras autorizadas por el Ayuntamiento de Alicante vulneran la normativa y asegura que se produce un exceso por "desproporción" en la captación de imágenes.
Aunque "la instalación de cámaras en colegios y parques es lícita, en este caso abarcan un gran espacio de vía pública y algunas de ellas captan todo el ancho de la calzada y el largo de la calle", apunta Protección de Datos. Además, la agencia recuerda que las cámaras no están autorizadas por el Gobierno y sólo cuentan con el permiso del Ministerio de Fomento a la empresa instaladora.
La Agencia de Protección de Datos no tiene potestad para obligar a un ayuntamiento a retirar las cámaras. Únicamente puede notificarle una infracción de la ley.
Fuentes de la Concejalía de Seguridad apuntaron que en Valencia la situación es distinta. La ciudad cuenta con 700 cámaras destinadas al control del tráfico que únicamente pueden destinarse a este fin. Las cámaras están conectadas a la Central de la Policía Local y con ellas podría vigilarse toda la ciudad, si bien la normativa impide que se usen para un fin distinto al del control del tráfico. Las cámaras no pueden captar un ángulo de 360 grados, añaden las mismas fuentes. Además de las cámaras de tráfico el ayuntamiento cuenta con aparatos de videovigilancia en la mayoría de edificios públicos y en algunos casos, como en el nuevo ayuntamiento de Tabacalera, están gestionados por empresas de seguridad privadas.
El Ayuntamiento de Valencia ha aprobado, tras cuatro años de compleja tramitación, un polémico proyecto para instalar una veintena de cámaras de videovigilancia en el Jardín del Turia. A diferencia de lo que ha ocurrido en Alicante, la instalación de cámaras en el antiguo cauce cuenta ya con el visto bueno de la Comisión de Garantías de Videovigilancia y se pagará con cargo al plan Confianza. El proyecto, no obstante, está en espera de disponibilidad económica por parte de la Generalitat.
Menos avanzado está el proyecto de cámaras de videovigilancia que el concejal de Seguridad, Miquel Domínguez, también tiene sobre la mesa por parte de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico. Esta entidad quiere poner cámaras en las principales calles comerciales para mejorar la seguridad y evitar actos de vandalismo como los registrados hace unos meses en cincuenta tiendas de las calles Poeta Querol, La Paz y Colón.

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