01 de septiembre de 2013
01.09.2013
Caso Emarsa

El Tribunal de Cuentas invita a personarse en el caso Emarsa

El procedimiento por alcance permite a los "legalmente habilitados" comparecer en los autos - Reclaman 27 millones a Cuesta, Crespo y Arnal

02.09.2013 | 23:42

El Tribunal de Cuentas invita a personarse en el caso Emarsa a quienes se consideren afectados por el agujero económico de la Empresa Metropolitana de Aguas Residuales de Valencia SA (Emarsa), la empresa pública que gestionaba la depuradora de Pinedo. Una resolución hecha pública ayer indica que, mediante providencia del pasado 29 de julio, este tribunal sigue un «procedimiento de reintegro por alcance» por presuntas irregularidades en la facturación de Emarsa.
El procedimiento por alcance, según la jurisdicción del Tribunal de Cuentas, es uno de los tres procedimientos contables que puede seguir esta institución, y que junto con el juicio de cuentas tiene carácter contencioso. De esta forma, los legalmente habilitados para el mantenimiento u oposición a la pretensión de responsabilidad contable pueden comparecer en los autos, personándose en forma, dentro del plazo de los nueve días siguientes a la publicación de este edicto.
Como se recordará, y ha venido contando este diario, el Tribunal de Cuentas admitió en junio del año pasado la demanda por responsabilidad contable presentada por la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos de Valencia (Emshi) contra Esteban Cuesta, Enrique Arnal y Enrique Crespo, máximos responsables de la extinta Emarsa, a quienes se les reclama 27 millones de euros.
La demanda de reintegro por alcance presentada por la Emshi explicaba que, en su labor de liquidadora única de Emarsa, realizó actividades fiscalizadoras dirigidas a conocer «la verdadera situación de la entidad», lo cual permitió hallar anomalías que podrían ser supuestos de responsabilidad contable y penal. Además, se advertía al Tribunal de Cuentas de que hay abiertas diligencias penales en el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, dedicado en exclusiva a investigar el supuesto desvío de fondos públicos.

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