El juzgado que instruye el 'caso Emarsa', en el que se investiga un agujero millonario en la empresa que gestionó la depuradora de Pinedo de Valencia, ha acordado requerir a funcionarios inspectores de Hacienda para que lleven a cabo la práctica de las diligencias que sea necesarias para averiguar los bienes de los imputados Ignacio Bernácer y José Juan Morenilla, con el fin de cubrir los 13,7 millones de euros que les impuso como fianza a cada uno de ellos para asegurar responsabilidades pecuniarias, y que no han hecho efectiva.

Así consta en dos decretos firmados por la secretaria juzgado, de fecha de este lunes, donde se acuerda esta decisión dado que a ambos imputados se les había requerido para que señalaran bienes suficientes para cubrir la cantidad fijda en la fianza sin que lo hayan realizado.

Las resoluciones especififan que, al no haberlo hecho, de acuerdo con la Ley de Enjuiciamiento Civil, procede averiguar los bienes de los que puedan ser titulares "y en particular aquellas cuentas bancarias" de las que aparezcan como titulares; vehículos; bienes inmuebles de su propiedad y "en general practicar cuantas consultas aparezcan como precisas en orden a garantizar la ejecución de los resuelto". Por ello, pide a los inspectores del Estado que le informen de las cuentas y bienes de ambos imputados susceptibles de ser embargados.

La pasada semana el magistrado instructor dictó dos providencias en las que instaba a Bernácer y Morenilla a señalar cada uno de ellos los bienes de su propiedad que resulten suficientes para cubrir la cantidad de 13,7 millones de euros que les impuso como fianza para asegurar las responsabilidades pecuniarias al no haberla prestado.

ALTOS CARGOS EN EPSAR

José Juan Morenilla fue gerente de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar) mientras que Bernácer ocupó el cargo de jefe de Explotaciones. El juez ordenó el pasado mes de julio esta fianza al ver indicios "racionales" de criminalidad en su actuación en Emarsa, con lo que accedió a la solicitud efectuada por la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi) --que ejerce de acusación--, a la que posteriormente también se sumó la fiscal del caso.

Tanto Morenilla como Bernácer fueron imputados en el 'caso Emarsa' a mediados de abril de 2012. Morenilla ostentó durante todo el periodo objeto de investigación (2004 a 2008) uno de los cargos de máxima responsabilidad dentro del organigrama funcional de la Epsar; mientras que también, aunque en un escalón inferior, Bernácer ejerció las funciones de jefe del Departamento de Explotaciones del ente público.

El juez les imputó basándose, en parte, en las declaraciones vertidas en la fase de instrucción por el ex director financiero de Emarsa, Enrique Arnal; por el exinformático Sebastián García, conocido como 'Chanin'; y por el exgerente, Esteban Cuesta. En concreto, el primero de ellos declaró que era "evidente" que "solamente los señores Morenilla, Bernácer y Crespo --Enrique Crespo--, disponían de los medios necesarios para organizar la trama Emarsa y enriquecerse de forma desmedida".

Por su parte, 'Chanin' indicó que tenía conocimiento, por palabras del propio Esteban Cuesta, de que existía un "fraude organizado" por Crespo, Morenilla y Bernácer, "que consistía en sobrevalorar el precio del lodo".

Asimismo, para imputar a Morenilla y a Bernácer, el magistrado tuvo en cuenta los apuntes aportados por las acusaciones. En concreto, la acción popular apuntaba "irregularidades" en la constitución de las reuniones de la Comisión de Seguimiento del convenio de 2004, coincidentes en el tiempo con el periodo objeto de la investigación.