El Ayuntamiento de Valencia ha aprobado una inyección económica de un millón de euros a la empresa municipal de actuaciones urbanísticas (Aumsa) para que "gestione la compra y rehabilitación de inmuebles con destino a su alquiler a estudiantes universitarios" en el barrio del Cabanyal. El proyecto de creación de residencias universitarias lo impulsa el teniente de alcalde Alfonso Grau y su objetivo es "contribuir a la revitalización del barrio del Cabanyal-Canyameral", según consta en la moción de Alfonso Grau aprobada por la junta de gobierno el pasado 10 de julio.
La inyección de un millón de euros a Aumsa está en sintonía con las declaraciones que hizo Rita Barberá hace un año apoyando que el Cabanyal albergara una ciudad universitaria dada su proximidad a los campus de Vera y Tarongers, propuesta que a su vez habían lanzado los rectores de las universidades de Valencia y la Politécnica. De hecho la moción de Grau cita expresamente que el objetivo de la inyección económica a Aumsa es "atraer al barrio del Cabanyal y su entorno inmediato a colectivos de jovenes y estudiantes en colaboración con las universidades valencianas".
Un millón de euros para Aumsa
Mientras el ayuntamiento inyecta un millón de euros a su empresa para promover alojamientos para estudiantes, mantiene paralizado un proyecto similar impulsado por un empresario del barrio. Se trata del dueño de la histórica taberna Casa Montaña del Cabanyal, Emiliano García, que hace unos años adquirió un edificio protegido del barrio para reconvertirlo en una residencia para estudiantes y universitarios como la que ahora impulsa el ayuntamiento.
El promotor es el empresario valenciano Emiliano García, dueño de la histórica taberna Casa Montaña del Cabanyal, que compró la casa, de estilo modernista, hace seis años con intención de rehabilitarla para hacer un colegio mayor. El proyecto final se ha reorientado al de apartamentos de alquiler, al estilo de los populares "Bed & Breakfast" ingleses. La puesta en marcha del negocio, que supondrá una inversión de 500.000 euros, está bloqueada en el ayuntamiento.
Vecinos, comerciantes y empresarios del Cabanyal, tanto partidarios como detractores de la polémica prolongacion de Blasco Ibáñez, se han aglutinado en la plataforma "Units pel Cabanyal" para reclamar al ayuntamiento que desbloquee la licencias de actividades y permita el desarrollo de actuaciones y proyectos que dinamicen la actividad del barrio. El ayuntamiento mantienen paralizadas desde hace cuatro años las licencias de obra y de actividad en base a una interpretación restrictiva de la orden ministerial de 2009 que anuló el Plan Especial del Cabanyal (Pepri) por considerarlo expolio del patrimonio histórico.
"Arbitrariedad absoluta"
La parálisis que sufre el barrio como consecuencia del bloqueo de las licencias de actividad por parte del gobierno municipal podría suponer un delito de prevaricación. Así lo cree el servicio jurídico del grupo municipal de Compromís que prepara una querella contra la alcaldesa, Rita Barberá, por la suspensión "indiscriminada" de las licencias en el barrio. Compromís fundamentará la querella, entre otros documentos, en el informe de la Abogacía del Estado de septiembre 2010, que recuerda que no se puede dar el mismo tratamiento a una licencia de obras, que puede alterar el patrimonio, que a una de actividad económica. El abogado del Estado recuerda el principio de proporcionalidad exigible a la Administración y subraya que los afectados pueden ejercer acciones legales en caso de denegación indiscriminada de licencias.
La concejala de Compromís Consol Castillo advirtió ayer de la "perversión" que supone que el ayuntamiento deniegue licencias de obras y actividad a los vecinos y empresarios del Cabanyal mientras se lo autoriza a su empresa [Aumsa]. Para Consol Castillo, "la utilización política de la orden ministerial por parte del gobierno del PP para impedir las licencias es una decisión arbitraria que impide la creación de riqueza y trabajo en el barrio".
El Pepri del Cabanyal, que prevé el derribo de cientos de casas del conjunto histórico, está pendiente de una sentencia del Tribunal Constitucional. Rita Barberá, que confiaba en que el triunfo de Rajoy en 2011 desbloqueara de manera inmediata el Pepri del Cabanyal y la prolongación, tampoco ha logrado, de momento, una solución por la vía política. El equipo de gobierno sacó pecho este verano de una sentencia que apoya la suspensión de licencias a raiz de una denuncia por denegacíon de una licencia de obras en el BIC del Cabanyal.
