El borrador del reglamento para los centros de personas mayores de Valencia, dependientes de la Concejalía de Bienestar Social, permite que los usuarios puedan jugar al mus, la brisca o el tute siempre que se respeten unos límites en las apuestas. En concreto, los jubilados no podrán realizar apuestas superiores a los cinco céntimos de euro y el máximo por jugador y partida no será superior a 20 céntimos. Así lo recoge el borrador del reglamento aprobado inicialmente en la junta de gobierno del pasado viernes y al que ahora los grupos políticos de la oposicón podrán presentar enmiendas durante un periodo de diez días.
El reglamento considera "falta muy grave", sancionada internamente con hasta seis meses de suspensión de la condición de socio, "la organización de juegos de suerte, envite o azar con finalidad lucrativa" aunque matiza que "no se entenderán por tales las partidas de juegos denominados tradicionales, en la ley del Juego de la Comunitat, cuyas apuestas no excedan de cinco céntimos y máximo por jugador y partida no sea superior a 20 centímos".
De este modo el ayuntamiento, que en un primer momento dijo que no podía hacer nada por permitir el juego porque excedía de sus competencias, intenta responder a las quejas de los centros de mayores por el veto establecido a los juegos de azar con apuestas en estos centros municipales en aplicación de la ley del Juego de la Comunitat Valenciana de 1988. Los ayuntamiento empezaron a ponerse duros con el juego en 2010 a raíz del cierre cautelar de tres centros de mayores en Mallorca después de que las salas de juego interpusieran una denuncia por hacer apuestas con dinero.
El ayuntamiento desde entonces permitía jugar pero sin dinero, lo que a juicio de los jubilados supone "matar la gracia" al juego. Los usuarios insisten además en que las apuestas son muy pequeñas. La prohibición causó malestar en los usuarios de estos centros, donde la partida de cartas está casi institucionalizada y son una de las principales diversiones. Tras la prohibición algunos advirtieron de que seguirían jugando con dinero pese al temor a las inspecciones. Otros optaron por darse de baja y acudir a las salas de juego o al bingo para seguir con la afición.
En los centros de mayores ya se prohibió hace unos años el servicio de podología que era contratado por cada uno de los centros alegando falta de condiciones de higiene y salubridad. Aquella prohibición ya provocó numerosas quejas de los socios porque el servicio del podólogo les costaba seis euros, cuando fuera les cobrarían el doble o el triple.
