La plataforma vecinal Salvem el Cabanyal, contraria a la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez, cumplirá en abril 16 años. Más de tres lustros de resistencia numantina frente a un proyecto urbanístico que prevé el derribo de 1.600 viviendas del barrio declarado Bien de Interés Cultural con objeto de conectar una de las arterias principales de la ciudad con el mar. En un siglo, el Cabanyal ha sobrevivido a seis intentos de construir el 'paseo al mar'. Sin embargo, el coste social del último plan, impulsado por el gobierno del PP de Rita Barberá, está siendo muy alto. Tras años de batalla judicial, la degradación urbanística y el abandono del barrio, y con ello la fractura social y vecinal, ha llegado a cotas insufribles. La calle San Pedro, la más antigua del barrio de pescadores, es la zona cero y en su entorno proliferan casas ocupadas y solares vacíos e insalubres.
Pese al empeño del gobierno de Rita Barberá por llevar adelante el plan de reforma interior (Pepri) del Cabanyal, cuyo espina dorsal es la prolongación de Blasco Ibáñez pero que también incluye equipamientos públicos y jardines, el grado de desarrollo del plan en estos años ha sido pobre.
Los únicos avances en la ejecución del plan se han producido en la compra de viviendas para derribar. El ayuntamiento ha adquirido un 30% de las casas en la línea de la prolongación (alrededor de 400 de un total de 1.600). El resto de infraestructuras previstas en el Pepri, como el instituto, el centro social, el centro de la tercera edad, no se han ejecutado. El ayuntamiento urbanizó y peatonalizó algunas calles aprovechando el planE. También se han ejecutado algunas zonas verdes como el jardín de la Remonta.
El veterano dirigente vecinal Faustino Villora asegura que "el principal éxito de estos 16 años es que los valores patrimoniales que hicieron al barrio merecedor de la máxima protección se mantienen inalterados". "Pese a todo lo que hemos pasado y a que hay muchas casas abandonados, el barrio se ha conservado con todos sus valores".
La intervención del Gobierno en el conflicto durante la etapa socialista fue definitiva. La orden de 2009 de la entonces ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, declarando expolio el plan del Cabanyal hizo que el conflicto transcendiera las fronteras del «cap i casal». La Generalitat acudió en ayuda de la alcaldesa y pergeñó una ley que blindaba el plan municipal. El Gobierno no tardó en responder con un recurso de inconstitucionalidad.
Rita Barberá confiaba en que la llegada del PP al Gobierno en 2011 desbloquease el proyecto de la prolongación, pero después de dos años dándole vueltas a la legalidad de la orden ministerial, al Gobierno no le ha quedado otra que reconocer su validez, retirar el recurso ante el Constitucional y forzar a la Generalitat a revocar su ley y al ayuntamiento a revisar el plan de la prolongación para adaptarlo a la orden ministerial.
Está por ver en qué se traduce esa adaptación o revisión del plan y si es posible un proyecto capaz de conciliar los intereses de todos.
Para Salvem el Cabanyal, la respuesta está clara. La orden ministerial anula la prolongación y el ayuntamiento debe renunciar a que Blasco Ibáñez llegue hasta el mar. "No le puedes decir a un condenado a muerte que le vas a revocar la pena, pero le vas a cortar las piernas", apunta Faustino Villora. El expresidente de Salvem el Cabanyal define la situación actual en el barrio como de "espera tensa".
Para el gobierno municipal, sin embargo, la adaptación no obligará a renunciar al proyecto.
La hoja de ruta de la comisión bilateral creada el pasado mes de octubre entre el Gobierno y la Generalitat para adaptar el plan especial a la orden ministerial daba un mes de plazo para sentarse a negociar la revisión, plazo que se ha superado con creces. La alcaldesa pidió esta semana "inmediatez" al Gobierno para avanzar en la solución al plan del Cabanyal. Con las elecciones a la vuelta de la esquina y algunas encuestas apuntando a que se tambalea la mayoría de Rita Barberá, la alcaldesa no quiere meterse en campaña con la herida abierta del Cabanyal.
Barberá anunció que este año destinaría 13 millones de euros del plan Confianza al desarrollo del citado plan. Una baza que la regidora querrá exhibir ante sus votantes (que son mayoría) del barrio del Cabanyal.
El proceso de revisión del pepri será complicado ya que, según los expertos en planeamiento consultados, requerirá de un trámite administrativo similar al que se hizo para redactarlo con los plazos de exposición pública pertinentes y recabando numerosos informes, entre ellos el de la Conselleria de Cultura dada la declaración como BIC del barrio.
La presidenta de Salvem el Cabanyal, Maribel Domenech lamenta la demora en la adaptación del plan a la orden ministerial. Tanto como la falta de participación ciudadana con la que a priori se está planteando el proceso. La plataforma ha solicitado reuniones con las tres administraciones implicadas en el proyecto. Doménech considera que "no se concibe un proyecto urbanístico de este calado sin que haya un proceso de participación ciudadana". Advierte, además, de que la prolongación "legalemente no puede salir adelante" y confía en que no se vuelvan a repetir los atropellos de 2010 cuando la policía cargó contra los vecinos que se oponían a los derribos de sus casas. No quieren que el Cabanyal acabe siendo otro Gamonal.
