Las organizaciones integrantes de la campaña «CIEs No», que aboga por el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) en España, denunciaron recientemente la ausencia de reconocimientos y la insuficiente atención médica que reciben los enfermos de sida al ingresar en estos centros. Según argumentan desde el colectivo, a los detenidos se les impide el acceso, en muchas ocasiones, a la medicación necesaria.

De hecho, el pasado 28 de diciembre, la Audiencia Provincial de Madrid decidió reabrir el caso por la muerte de Samba Martine, una ciudadana congoleña portadora del virus VIH que falleció el pasado 18 de diciembre de 2011 en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche en Madrid. Según ha podido conocer Levante-EMV, durante el año 2013, al menos dos de los inmigrantes que ingresaron en el CIE de Zapadores en Valencia denunciaron no recibir el tratamiento adecuado como portadores del VIH.

Es el caso de Lucía, un transexual de origen ecuatoriano, quien ingresó en el centro durante el mes de julio tras su detención en Barcelona. En agosto realizó una reclamación por escrito al director del CIE explicando que, padecía de sida y debido a sus problemas gástricos y renales necesitaba una medicación constante que no se le estaba facilitando. «Solicitamos recibir atención médica apropiada, medicación y dieta que evite problemas gastrointestinales», escribía Lucía a los responsables del CIE. Después de 40 días de internamiento, se le comenzó a administrar dos de los cuatro medicamentos que tomaba habitualmente, también por motivos de fallos renales. Su abogado optó finalmente por interponer una solicitud de asilo, justificando que su precaria situación y su condición sexual. La instancia se aceptó y Lucía salió del CIE.

En situación parecida se encontró Sandra, una mujer empadronada y detenida en Barcelona de nacionalidad peruana, que fue trasladada al CIE de Valencia como la mayoría de las mujeres y transexuales detenidos en Cataluña o Murcia. Enferma de sida desde hace más de ocho años, esta mujer recibía tratamiento en el Hospital Vall d'Hebron de la ciudad condal, tal como atestigua un informe médico del centro hospitalario al que ha tenido acceso este diario. Dicho informe prescribe la necesidad de un tratamiento ininterrumpido.

Durante su permanencia en Zapadores, Sandra no se quejó por escrito, pero sí lo hizo en persona al médico que visita el CIE por las mañanas. Sandra portaba con ella medicación para un número de días determinado y durante el tiempo que estuvo en el CIE se automedicó con el tratamiento que llevaba consigo.

Historiales y traductores

Desde la campaña «CIEs No» se advierte de que «en algunas ocasiones, la persona inmigrante señala en el momento de su detención de que debe recoger las medicinas de su casa para no interrumpir el tratamiento, pero la policía la traslada directamente al CIE». «No se les da ningún medicamento para tratar la enfermedad o únicamente se les proporciona alguno de todos los prescritos argumentando que no hay presupuesto para adquirirlos. Ha habido enfermos que han sufrido la interrupción de su tratamiento durante los casi dos meses que han permanecido recluidos en Zapadores», aseguran desde esta asociación.

En este sentido, explican que las quejas presentadas por las personas afectadas ante el juzgado de instrucción nº 3 de Valencia en funciones de juez de control jurisdiccional del CIE de Zapadores han servido para dar soluciones parciales y puntuales a determinados casos, pero persisten las deficiencias generales en el tratamiento que reciben las y los internos enfermos de sida.

En esta línea, el Defensor del Pueblo y la Fiscalía General del Estado remarcan que «es imprescindible adoptar las medidas adecuadas para mejorar la atención sanitaria y la asistencia social de los internos», tal como reclama la Fiscalía en su memoria sobre 2012, en la que asegura que comparte «sin matices» las deficiencias denunciadas por la Oficina del Defensor del Pueblo.

Desde «CIEs No», se exige que en el CIE de Zapadores se disponga de todos los historiales médicos de las personas que son encerradas, especialmente en los casos de enfermedades graves como el sida y que se les facilite la medicación adecuada a la patología que padecen y traductores para las personas que no hablen castellano, de tal forma que puedan comunicar sin trabas su situación médica.