Después de ser citado dos veces a declarar como testigo y cuando el sumario está a punto de cerrarse, el vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, tendrá que declarar el próximo sábado en Mallorca como imputado en la pieza separada del caso Nóos que investiga la utilización de fondos públicos en las tres ediciones de Valencia Summit, un congreso previo a la Copa del América en el que se analizaba el impacto que los grandes eventos tienen en las ciudades organizadoras. Así lo dispuso ayer el juez instructor del caso, José Castro, en un auto en el que asegura tener «indicios fundados de criminalidad» sobre la actuación del que es mano derecha de la alcaldesa Rita Barberá.

La decisión final del juez se ha producido a petición del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Valencia, personado en la causa como acusación particular, y la posterior adhesión de la fiscalía. Los socialistas entienden que las tres ediciones de Valencia Summit (2004, 2005 y 2006), organizadas por la entidad que presidía Iñaki Urdangarín, fueron costeadas con fondos de la Generalitat Valenciana, a través de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, y del Ayuntamiento de Valencia, a través de Turismo Valencia Convention Bureau, la entidad que gestiona y promociona el turismo de la ciudad. En total, cuatro millones de euros de las arcas públicas.

Entiende, además, que se hizo sin respetar la Ley de Contratos del Estado ni el interés general, por lo que habla de «un posible delito de prevaricación, malversación de fondos públicos, fraude a la administración y tráfico de influencias».

Eran, en cualquier caso, argumentos repetidos a lo largo del sumario que desde el Ayuntamiento de Valencia siempre tuvieron una respuesta clara. Se trataba de decisiones del patronato y además Turismo Valencia es una fundación de carácter privado que no estaría sujeta a la Ley de Contratos del Estado. Dicho de otra forma, no tenía la obligación de convocar un concurso público para contratar a la empresa que organizara ese congreso.

Durante meses y un sinfín de declaraciones, entre ellas la de Rita Barberá, el juez se ha movido, pues, en esa disyuntiva. Imputó a los ex directivos de la Ciudad de las Artes y las Ciencias José Manuel Aguilar y Jorge Vela al tener claro que esta entidad es de la Generalitat Valenciana, pero no actuó de la misma forma con Turismo Valencia.

Ha sido, ahora, después de oir a todos los miembros del patronato y recibir los informes de la Intervención General del Estado, cuando ha tomado la decisión de imputar a Grau.

José Castro aprecia, según el auto, «indicios fundados de criminalidad en los hechos relacionados con la firma y ejecución de convenios» con el Instituto Nóos. «Existen indicios racionales continúa de que en las diferentes contrataciones se orilló el interés general, se prescindieron de los obligados cauces administrativos de contratación, no se llevó a cabo ningún estudio previo de viabilidad ni de ajuste a los precios de mercado, así como tampoco se fiscalizó el desarrollo del convenio ni se pidió a Nóos que justificara el destino de los fondos recibidos».

Le recrimina todo esto, además, porque entiende que, a la vista de la calificación que hacen los socialistas y el fiscal, la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau es «una entidad de derecho público», que manejaba fondos «abrumadoramente públicos» y que estaba, por tanto, «obligada a la observación» de todos esos requisitos. De hecho, el 80% del presupuesto es municipal. En el año 2004, año del primer congreso, se le inyectaron 4 millones de euros y en 2007 se subió a 4,7.

Para cerrar el círculo, finalmente, el juez ha contado con los testimonios de todos los miembros el patronato, que señalaron a Grau como la persona que tomaba las decisiones y que dieron al Grupo Socialista un último argumento para pedir su imputación.

Todo esto «hace necesario que Alfonso Grau, en su calidad de vicealcalde del Ayuntamiento de Valencia, presidente de la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau y miembro de su consejo rector en representación de la corporación municipal, sea oído en calidad de imputado», concluye su auto el juez Castro.