El Ayuntamiento de Valencia deberá pagar 10 millones de euros por dos expropiaciones de suelo para jardines en la plaza de Rubén Darío y en Beteró al haber eliminado las unidades de ejecución que contemplaban la cesión gratuita y obligatoria de los promotores y la ejecución de los jardines como carga de urbanización. Así lo advirtió ayer el concejal socialista Vicent Sarrià, quien atribuyó este nuevo gasto en expropiaciones a «las malas prácticas urbanísticas y el despilfarro del PP».
Los beneficiados por la expropiación y propietarios de los terrenos son los mismos promotores que debían haber cedido gratuitamente el suelo en el programa de actuación integrada (PAI) presentado al ayuntamiento, denunció Sarrià.
El concejal de Urbanismo, Alfonso Novo, replicó en un comunicado a Vicent Sarriá, y aseguró que «fue PSPV con el PGOU de 1988 el que eliminó las unidades de ejecución anteriormente existentes con el antiguo plan general y después no las incluyó con el nuevo planeamiento, esto abocó a la obtención de las dotaciones públicas únicamente mediante el mecanismo de la expropiación». «Esta es la herencia socialista», remachó Novo.
