«Se demostrará que es todo legal y se lo tendrán que tragar». Con estas palabras y en tono desafiante se defendió ayer el vicealcalde y presidente de la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau (TVCB), Alfonso Grau, en el pleno ante las peticiones de auditorías, comisiones de investigación y dimisión que le reclamó la oposición (PSPV, Compromís y EU) al hilo del caso Nóos. Grau, que no escatimó exabruptos y alguna que otra palabra malsonante para referirse a sus contrincantes políticos, tendrá que declarar hoy como imputado ante el juez del caso Nóos que investiga las contrataciones del ayuntamiento y la Generalitat sin fiscalización ni concurso público con la fundación del yerno del rey Iñaki Urdangarín para la celebración del Valencia Summit.

Grau dijo que acudirá «gustoso» a declarar ante el juez y defendió la legalidad de su gestión al frente de la fundación de turismo. Grau dejó claro que a su juicio no ha traspasado ninguna línea roja y por tanto no piensa dimitir. «Si busca el camino para dimisiones aquí no lo va a encontrar», espetó el vicealcalde al portavoz de Compromís, Joan Ribó, quien presentó una interpelación al final del pleno para saber qué medidas se tomarán ante el descrédito creciente de la imagen de Valencia por los casos de corrupción.

«La verdad es la verdad», afirmó Grau quien volvió a aferrarse al carácter privado de la fundación de Turismo incidiendo en que fue el gobierno municipal socialista, con Clementina Ródenas al frente, el que creó la citada entidad de promoción del turismo de la ciudad con su estructura actual y sin participación de la oposición. Además negó que como asegura la oposición el 90% de las aportaciones de Turismo Valencia provengan de fondos municipales.

El portavoz de EU, Amadeu Sanchis, recordó que ha sido ese carácter privado de la fundación, el que permitió contratar con Nóos sin control público. Tanto Sanchís, como Ribó como el portavoz adjunto socialista, Salvador Broseta, exigieron que se restituyan las cantidades cobradas de manera «fraudulenta y corrupta» por Nóos. El ayuntamiento aportó, a través de la Turismo Valencia, 1,9 millones de euros a Nóos.

Las dos mociones (de Compromís y EU) sobre Turismo Valencia fueron tumbadas ayer por el PP. El primer grupo solicitaba en su moción una auditoría forense de las cuentas de Turismo Valencia por parte de la intervención municipal de los años 1992 a 2013 para «conocer el destino de los 63,4 millones aportados por el ayuntamiento» a este organismo; la disolución de la fundación y la creación de un organismo autónomo municipal que asuma las funciones de promoción turística de la ciudad. En la misma línea EU, solicitó que la fundación pase a ser muncipal y que se cree una comisión de investigación en torno al caso Nóos y a la Valencia Summit. Por su parte, el concejal socialista Salvador Broseta manifestó que coincidían en la mayor parte de los planteamientos de las mociones si bien no estaban de acuerdo en disolver la fundación. Broseta descató que la fundación es una buena herramienta y el problema han sido las irregularidades cometidas. Broseta pidió «un cambio profundo en su funcionamiento para tener mayor control y fiscalización con presencia de los grupos de la oposición».

Alfonso Grau invitó a la oposición a analizar las cuentas de la fundación de turismo, que según insinuó la concejala de Compromís, Consol Castillo, están siendo objeto de un informe interno por parte del gobierno municipal. «Los datos están ahí y los pueden consultar», remachó Grau.

Durante el debate de las mociones la concejala de Compromís Consol Castillo, como también han hecho después los representantes del PSPV y de Compromís, hicieron hincapié en que Turismo Valencia es un organismo que funciona «con dinero público» en el que se exige la «transparencia que implica la ley de contratos» para la administración. Recordaron que el Tribunal de Cuentas y la Intervención General del Estado han defendido la naturaleza pública de la entidad. Grau, sin embargo, apuntó que el Tribunal de Cuentas sólo hace una recomendación. El Tribunal de Cuentas habla de que «deberían de ser» pública sin darlo por hecho.