La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, presentó ayer una adaptación «light» del plan especial de reforma interior (Pepri) del Cabanyal. La propuesta mantiene la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez, aunque haciéndola más estrecha y reduciendo en un tercio el número de viviendas a derribar, así como las alturas, que pasan de cinco a tres. La propuesta mantiene, además, la centenaria lonja de Pescadores, ubicada justo en medio del tramo final de la futura avenida.

Los retoques del Pepri forman parte del preacuerdo alcanzado con el Ministerio de Cultura para desbloquear la ejecución del plan urbanístico, si bien su aprobación definitiva dependerá de los informes de instituciones culturales que va a recabar Cultura y que deberán avalar que el nuevo plan ya no supone expolio del patrimonio histórico. La alcaldesa insistió ayer en la idea de que esos informes no tienen carácter vinculante, como ocurre con la mayoría de informes de los órganos consultivos.

Las modificaciones se ciñen a la zona BIC y el resto del plan se mantiene igual, incluido el polémico bulevar San Pedro, que es la zona donde más propiedades tienen el ayuntamiento y la primera donde, de desbloquearse finalmente el plan, se intervendrá.

El plan del Cabanyal preveía el derribo de 1.600 casas para conectar Blasco Ibáñez con el mar y partía en dos el barrio de pescadores declarado Bien de Interés Cultural. La orden ministerial de diciembre de 2009 del anterior gobierno socialistas declaró expolio del patrimonio este plan e instaba al ayuntamiento a adaptarlo para respetar los valores históricos del Cabanyal.

Con la modificación el ayuntamiento cree haber conseguido una «perfecta amalgama de lo antiguo y lo nuevo», respetando las características que hicieron al barrio merecedor de protección, entre ellas, su trama de calles paralelas al mar. Los laterales de la prolongación respetan el trazado de las calles Amparo Guillén y Pescadores, que delimitan los números pares e impares de la avenida, mientras que con el anterior plan ambas calles desaparecían. Esto permite reducir en un 35% el número de viviendas a derribar.

También para respetar la trama viaria, una exigencia del ministerio, desaparece el bulevar central ajardinado de la avenida, que interrumpía el viario genuino del barrio. Estos espacios verdes se alineará a los lados de las viviendas nuevas respetando la retícula. Al bajar las alturas, la edificabilidad se reduce en un 15%.

La nueva avenida se mantiene con un ancho de 48 metros aunque el frente de derribos de la prolongación que comprende la calzada y los bloques nuevos de viviendas a ambos lados se reduce de 107 a 60 metros. Con la propuesta de Barberá, las máquinas entrarían sin contemplaciones en la calzada mientras que en los laterales se mantendrán algunas manzanas de viviendas y otras se construirán ex novo.

Otra de las modificaciones es que la plaza doctor Lorenzo de la Flor, sobre la que antes se construían viviendas de cinco alturas se dejará tal como está.

Barberá confió ayer en que a lo largo de todo el proceso, y «lo más pronto posible», se pueda levantar la suspensión de licencias que mantiene paralizada la actividad en el barrio desde hace tres años. Antes, recalcó, el Gobierno debe retirar la orden de 2009 ya que de lo contrario «no se puede levantar esta suspensión».

El ayuntamiento presentó su propuesta a Cultura el 30 de mayo pasado. Si el ministerio da el plácet, se iniciarán los trámites para adaptar el Pepri, con una modificación puntual del planeamiento, en la comisión de Urbanismo y posteriormente en el pleno. Un proceso para el que de momento no hay plazos.