La Asociación de comerciantes, industriales y profesionales del Marítimo (Acipmar) se muestran «muy defraudados» ante el nuevo Plan del Cabanyal anunciado el pasado viernes por la alcaldesa, Rita Barberá. Iniciar la tramitación de un nuevo plan, por exprés que sea, «significa estar un par de años más sin licencias». Desde Acipmar recuerdan que el Cabanyal «lleva más de dos años con las licencias suspendidas» lo que provoca que «de cada tres comercios uno cierre, porque no pueden hacer obras de reforma».
Aunque algunos particulares sí que se arriesgan a realizar obras sin licencia «por lo que echan los escombros a los contenedores de basura, sin ningún tipo de control». Los comerciantes del Marítimo también lamentan que la suspensión de licencias disuada a «muchos ciudadanos que quieren comprar una casa en el Marítimo», por lo que reclaman una solución al Ayuntamiento de Valencia. «Se han de dar licencias en el Cabanyal para que no cierre más tiendas».
Aunque el remedio al asunto de las licencias tardará en llegar, según aseguraban ayer fuentes del equipo de gobierno de Rita Barberá, porque «mientras la orden del Ministerio de Cultura esté en vigencia» (la que dictaminó que el Plan del Cabanyal expoliaba el barrio marinero) no se pueden conceder licencias, como han ratificado varios sentencias».
Así que la situación de «impasse» actual va para largo porque, aunque la alcaldesa quiere «meter el turbo» en la tramitación del nuevo plan, según dijo el viernes, el nuevo Plan especial de protección y reforma interior (Pepri) del Cabanyal deberá aprobarse primero en el ayuntamiento, «en julio o septiembre», según fuentes oficiales. Y, después, deberá ser informado por las conselleries de Territorio y Cultura, ya que afecta a un entorno BIC (bien de interés cultural), y por el Ministerio de Cultura y los organismos que se decida consultar. El nuevo Pepri también deberá someterse a un plan de participación pública, con encuestas a los ciudadanos, y un estudio de integración paisajística, según expertos consultados por Levante-EMV.
Desde Salvem el Cabanyal dudan de la legalidad del acuerdo con el Ministerio de Cultura, la vicepresidenta del Gobierno y la secretaria general del PP, anunciado el viernes por la alcaldesa. «Una obligación (la de conservar el BIC del Cabanyal sin destruirlo) no se puede pactar. La alcaldesa no puede tocar el BIC, ni el conjunto histórico, salvo que produzca una mejoría sin destruirlo. Ella dice que el nuevo plan sí que respeta la orden del Ministerio de Cultura, a ver qué dice ahora la secretaría general de Cultura cuando se le consulte», aseguran.
