Los grupos de PSPV, EU y Compromís en el Ayuntamiento de Valencia han anunciado este lunes sendas peticiones de comparecencia del ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, para que "confirme o no el supuesto preacuerdo con la alcaldesa Rita Barberá que sólo ella ha anunciado", encaminado a desbloquear la ejecución del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (Pepri) del barrio de El Cabanyal, paralizado por una orden ministerial emitida en época del Ejecutivo socialista que lo consideró expolio.
Así lo ha indicado en la rueda de prensa posterior a la comisión de urbanismo el socialista Vicent Sarrià, cuyo grupo ha registrado preguntas sobre el "supuesto acuerdo", y también el portavoz de EU, Amadeu Sanchis, que urge a Wert a explicar "en qué punto está ese acuerdo" y "cuánto hay de verdad en lo que dijo la alcaldesa" porque, a su juicio, "el plan de El Cabanyal está más bloqueado que nunca".
Desde Compromís han señalado que también exigirán que Wert explique en el Congreso los detalles del supuesto acuerdo alcanzado por su departamento y el Ayuntamiento. Su portavoz, Joan Ribó, opina que "no es comprensible que se presente un proyecto que no protege la trama urbana del Cabanyal y que mantiene la prolongación de Blasco Ibáñez", en lo que considera "una nueva cortina de humo de Barberá para tapar los continuos reveses que recibe de la justicia su apuesta por la destrucción del Cabanyal".
Sarrià ha acusado a Barberá de "mentir" al anunciar "un falso acuerdo porque nadie ha visto reflejado ese acuerdo en ningún sitio y, es más, el propio Ministerio matizó las declaraciones de la alcaldesa acerca de que esa es la propuesta que el Ayuntamiento le hace el Ministerio y ahora sus técnicos tienen que valorarlo", de modo que "los mismos técnicos que informaron en la anterior ocasión --en la orden acerca del expolio-- tendrán que hacerlo en esta".
A su juicio, "es obvio que Barberá, a un año de las elecciones municipales, necesita intentar hacer creer el problema que ella misma ha generado está en vías de solución y nada más lejos de la realidad". Es más, defiende que "su propuesta continúa vulnerando la protección tanto de la zona BIC como del resto del conjunto histórico protegido del Cabanyal", y apuesta por "esperar a ver cuál es la reacción real del Ministerio, no la que cuente Barberá".
"La obcecación de Barberá"
De la propuesta, valora que "reconocen, por una vez, que el derribo de la Lonja de Pescadores no tienen más remedio que preservarla y destinarla a equipamiento ciudadano", en lo que cree "una muestra más de por dónde avanza, desgraciadamente a una lentitud exasperante y con continuos retrasos motivados única y exclusivamente por la obcecación de la alcaldesa de no dar su brazo a torcer".
El portavoz municipal de EU califica esa propuesta como "bastante compleja y muy poco ajustada a la legalidad" y, a falta de conocer la versión del Ministerio, da por hecho que "no hay un acuerdo, hay un principio de estudiar un plan que choca evidentemente con la orden del Ministerio y con el delito de expolio que, además, es una competencia estatal y viene ratificado por la Audiencia Nacional".
Sanchis mantiene que "no tiene ningún tipo de cabida en la legalidad" y "es absolutamente imposible de llevar a cabo no solamente por las cuestiones económicas sino por una cuestión de jerarquía normativa que no se puede saltar ni siquiera el Gobierno, que tendría que obligar a sus técnicos a rehacer aquello que hicieron y convencer a todas las entidades que fueron consultadas, como colegios de arquitectos, universidades o la Academia de Bellas Artes de San Carlos, de cambiar su criterio".
Grau no comparte el enfado vecinal
En su comparecencia tras la comisión de urbanismo, el vicealcalde Alfonso Grau ha asegurado "entender aunque no compartir" el "enfado" de los vecinos por no conceder licencias, ya que "la orden ministerial habla clarísimamente de la suspensión de toda actuación hasta que se produzca la adecuación" en la que trabajan.
Además, se muestra "de acuerdo en que un acuerdo no sustituye a una orden" y explica que precisamente trabajan en "convertir en un documento urbanístico de planeamiento este boceto que se presentó" para que "se lleve al pleno y se apruebe" y que, después, "se trasladará al Ministerio y el Ministerio dará su opinión, que en principio todo apunta a que será favorable", apostilla.
Según Grau, "en ese mismo momento habrá un acuerdo del Ministerio al menos del mismo rango que la orden". "Por lo tanto, no veo la prevaricación por ningún lado", ha respondido en alusión a las críticas vertidas por vecinos en este sentido, que achaca a que "se han precipitado y esperaban que nunca se llegara a una solución".
El responsable municipal de Urbanismo, Alfonso Novo, ha garantizado que llevarán ese documento a la comisión "lo antes posible", idea que ha corroborado Grau: "haremos todo lo posible para lo antes que se pueda tener ese documento de planeamiento, llevarlo al pleno y, a continuación, al Ministerio para que se pronuncie".
En cuanto a la posibilidad legal de retirar el recurso ante el Supremo contra la orden ministerial, Grau ha sido tajante: "Si yo tengo planteado un recurso ante un tribunal y desisto, ya está, se acabó, ya no hay recurso, esté en la fase en la que esté".
Además, defiende que "en el mismo momento en que hay un acuerdo que está dentro de los parámetros que dice la orden, de modificar y adaptar, no tiene ya ningún sentido ni con recurso ni sin recurso ni con sentencia ni sin sentencia porque se habla ya de otra cosa".
