La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha hecho un llamamiento a la «solidaridad» y a la «colaboración», así como a no mentir sobre el nuevo centro de Casa Caridad, que atenderá «a personas convalecientes que no tienen donde ser atendidas después de una operación quirúrgica».

Después del paréntesis del fin de semana, las obras de este edificio siguieron ayer paralizadas y con una importante presencia de vecinos en las obras para evitar el reinicio de los trabajos, un bloqueo que las entidades implicadas tratan de resolver por la vía del diálogo.

Según la alcaldesa, el presidente de la institución se ha reunido con los vecinos que están en contra de este centro y les ha dado «toda clase de explicaciones». Así mismo, ha señalado que Casanova le aseguró que van a «agotar todos los medios de información, comunicación y explicación» porque «están abiertos al diálogo».

De todas formas, Rita Barberá ha pedido que «no se envenene más a quien está haciéndolo por razones absolutamente espurias y fuera de lo que es realmente el objetivo de este nuevo centro de Casa Caridad», que será «pionero». En esta línea, dijo que «la última mentira que se han inventado es que yo voy a llevar a mendigos». En su opinión, estas «mentiras» se deben a «insolidaridad u otras razones que no quiero pensar ni que sean verdad, pero las descubriré».

Precisamente, ayer la Plataforma Benicalap de Vecinos que dice que cuenta con el respaldo de más de 4.000 vecinos ha emitido un comunicado en el que critica las «enormes dimensiones y los usos asumidos» por la nueva infraestructura, por lo que considera que se trata de «un experimento sociológico-urbanístico cuyas consecuencias, de dudosa reversibilidad, poco se pueden prever».

Muy en contra, la Asociación de Vecinos del Botánico ha denunciado la «actitud incívica e insolidaria» de la «Plataforma fantasma» que tiene paralizadas desde hace diez días las obras. También denuncia la pasividad del Ayuntamiento de Valencia y la «tibieza» de la Federación de Asociaciones de Vecinos, por lo que pide la intervención de la Delegación del Gobierno para identificar a los culpables y detener a quienes impidan las obras.